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El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación Miguel Bru, junto con otros organismos e instituciones de Derechos Humanos provinciales y nacionales, presentaron este lunes el documento “Agenda social y mínima para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”. El mismo fue a dado a conocer en conferencia de prensa en La Plata y será entregado –acompañado de un pedido de audiencia–, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.
El documento contempla cuatro ejes sobre la seguridad: el preventivo; el represivo; el investigativo-judicial y el vinculado a delitos complejos. Según expresan los firmantes, “estos ejes y puntos desagregados no reflejan en su totalidad el paradigma al que desde nuestras diferencias adherimos, sino el piso mínimo, nuestros acuerdos básicos y el lineamiento social irrenunciable frente a los amplios saldos negativos que se sostienen y acrecientan en materia de Seguridad Democrática y que creemos necesario dar pronta respuesta en esta nueva gestión”.
En diálogo con Radio Ahijuna!, Rodrigo Pomares, director del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, afirmó con respecto a la declaración de emergencia en seguridad emitida por la flamante gobernadora que el problema de fondo es la disposición de los presupuestos públicos.
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Por otra parte, Rodrigo Pomares afirmó en que la lucha por el narcotráfico es una excusa para tomar esta medida.
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La política criminal basada en el punitivismo la repiten los gobiernos de turno y provocó el colapso del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se denuncia el incremento de la población carcelaria, el agravamiento de las condiciones de encierro y la práctica de la tortura; sumado al crecimiento de las detenciones arbitrarias, las muertes por uso letal de la fuerza y la habilitación de calabozos en comisarías para detenciones.
A nivel nacional, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, además, confirmó que en los próximos días se presentará un protocolo sobre cómo actuará el Estado frente a las protestas sociales, y que le pedirán a la Justicia que tengan una «reacción rápida».