La diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó el pasado 25 de septiembre un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz fundamentando “mal desempeño” y “eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”.
El pedido que realiza la integrante del Consejo de la Magistratura se enmarca en profundizaciones y actualizaciones del rol de Rosenkrantz en causas por violaciones a los derechos humanos posteriores a 2017, cuando recibió tres pedidos de juicio político junto a Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti – otros dos integrantes de la Corte – por el fallo 2×1, que pretendía beneficiar a los genocidas de la última dictadura cívico militar que cumplen sentencia.
La integrante de la Corriente Federal de Trabajadores aseguró que luego de ese fallo – repudiado de manera masiva por las organizaciones sociales y la ciudadanía – “este magistrado ha continuado con su actuación de proteger, excarcelar, otorgar domiciliarias, a personas que han cometido delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar en el marco del terrorismo de Estado”.
“En las causas Rufino Batalla, ha vuelto a aplicar los principios del 2×1, incluso con la ley ya derogada”, señaló en comunicación con Radio Gráfica.
Por otro lado citó el papel del actual presidente de la Corte en el caso del represor Juan Daniel Amelong “donde unilateralmente ha enviado una solicitud al Tribunal Federal de Rosario para que también en esta causa se le otorgue domiciliaria a una de las personas que estaba denunciada y encarcelada”.
También criticó el desempeño del juez en el “caso Ledesma”, que investiga el papel que cumplió el grupo económico en Jujuy entre 1976 y 1983. “La empresa tuvo una participación en lo que fue apagar las luces y prestar los vehículos a los fines del secuestro y desaparición de personas”, remarcó la diputada.
Para este ejemplo, Siley denunció vínculos entre la familia de Rosenkrantz y la de Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa. “Esos vínculos se extienden a Agustina Cavanagh, esposa de Rosenkrantz, quien integra la ONG ‘Cimientos’ junto a Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa azucarera y sobrino directo del principal imputado en la causa”, precisa el documento difundido por la legisladora.
La legisladora sostuvo que “si el magistrado Rosenkrantz tiene relaciones con la familia Blaquier que está denunciada en la causa Ledesma, o si muchas veces por ser cliente de su estudio jurídico empresas como grandes multimedios, Pan American Energy, Coca Cola, etc., le impiden actuar como magistrado con total imparcialidad, todas esas causales son mal desempeño y son causales de juicio político”.
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