El Juzgado en lo contencioso y administrativo N° 1 de La Plata, a cargo de Luis Federico Arias, impulsó la investigación para tratar de establecer las víctimas fatales de la inundación.
Arias se refirió a las complicidades policiales, políticas y judiciales que permiten irregularidades en el manejo de los cuerpos en las morgues: «la policía es una maquinaria, una estructura, de la cual se han servido todos los gobiernos.En la época del genocidio, para hacer desaparecer personas, para asesinarlas, la hoy para ocultar muertos de la inundación. Estas estructuras, la policía, en conjunto con parte del Poder Judicial (fiscales y jueces) junto con el sector político hermanados en una acción conjunta que -en ese momenot- tenía la tarea de minimizar el impacto de la inundación». Explicó que esto permitió manipular dato sobre la cantidad de muertos en esta catástrofe.
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En 2013, A pocos días de la inundación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró el conteo de personas fallecidas en 51.
Sin embargo, la sentencia dictada por el juez Luis Arias, luego de una exhaustiva investigación arrojó que las víctimas fatales probadas son 89, aunque es posible que existan más.
Para evitar la continuidad de estas prácticas, el Juez Luis arias condenó a la Provincia de Buenos Aires a que regularice a través de un protocolo el ingreso, y la rotulación de los cuerpos a la morgue, así como todas las tareas que en ella se realizan.