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Trabajadores volvieron a marchar contra la privatización de vialidad

Ayer los trabajadores viales se se movilizaron hasta el Congreso en la ciudad de Buenos Aires para exigir la derogación del decreto 794/2017 que crea la sociedad anónima “Corredores Viales S.A” que promueve la privatización del sector.

La  sociedad que asumirá las funciones que hasta ahora (y hace más de 80 años) cumple Vialidad Nacional estará compuesta por un 51% de capital accionario por el Ministerio de Transporte (cartera que conduce Guillermo Dietrich), y el 49% por la Dirección Nacional de Vialidad. El decreto expresa “en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”.

El decreto 794/2017 fue tratado ayer por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que resolvió citar al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich para dar explicaciones. El funcionario ya había sido citado a la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, para exponer los argumentos del Gobierno Nacional para la creación de Corredores Viales S.A. y no se presentó, alegando compromisos impostergables.

En declaraciones a FM Riachuelo, Graciela Aleña, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Viales evaluó la reunión de la comisión: “Estamos orgullosos y contentos porque por unanimidad se votó que se van a pedir informes al gobierno y se va a citar al ministro Dietrich. Además se habló de la inconstitucionalidad del decreto, que es lo que venimos planteando nosotros. Tuvimos el apoyo incluso de diputados y senadores que no están en la comisión. Cuando haya informes del gobierno, la idea es citar nuevamente a los gremios que hicieron esta lucha para que participen y lograr una solución del problema que tenemos en definitiva los trabajadores.”

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Por su parte, Myriam Bregman, que pronto asumirá como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó: “desde nuestras bancas vamos a dar la pelea porque no avance este proyecto del gobierno nacional. Es un decreto ilegitimo porque no fue consultado con los trabajadores afectados. Esperamos que el Congreso rechacen esta arbitrariedad.”

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