Néstor Busso, fundador y referente de Radio Encuentro y EnTV de Viedma y ex presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) propone “recuperar y avanzar en el debate que hizo posible la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

La comunicación, al igual que  la educación, la salud, la vivienda, son derechos  humanos y el Estado debe garantizarlos, aunque para algunos la educación, la salud, la vivienda y la comunicación son grandes negocios.

La comunicación es un derecho humano, individual y social, aunque se ha convertido en un gran negocio para algunos y una forma de control social. La comunicación, libertad de expresión, derecho a la información, son no solamente derechos sino también sostén de otros derechos. No es posible el ejercicio de otros derechos sin información. No hay “nosotros” sin comunicación.  La comunicación disputa y construye sentidos. Define valores y antivalores. Construye  identidades

Organismos internacionales reiteradamente han definido la comunicación como un derecho humano y a la libertad de expresión como “piedra angular de la democracia”.

Por eso decimos que “si unos pocos controlan la información no hay democracia” y el primero de los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática dice “la comunicación es un derecho humano y no un simple negocio comercial”. Entonces el Estado (la sociedad organizada) debe intervenir para garantizar el Derecho a la Comunicación y eso se hace promoviendo la diversidad y pluralidad de medios. O dicho de otra forma: evitando la concentración en el control de los medios.

Establecer límites a la concentración no es hacer “la guerra” a los medios sino fortalecer la democracia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que  concentración de la propiedad de los medios atenta contra la libertad de expresión. La información no puede ser considerada una mercancía y eso implica que la comunicación no puede ser liberada al mercado.  La Corte Suprema de Justicia validó la Ley 26.522 (LSCA) con similares argumentos. «Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable», afirmó la CSJN  y argumentó que es lícita la «sanción de normas que a priori organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación».

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios) desguazada por decreto de Macri, buscaba esa diversidad y pluralidad. Lo hacía de varias maneras. Entre otras, con autoridades de aplicación de la Ley plurales y federales, con límites a la concentración en la propiedad y con promoción de los medios de las organizaciones sociales o “entidades sin fines lucro”. Además de la Ley lograda como producto de un amplio debate democrático, la gran victoria fue colocar el tema de la comunicación en el debate ciudadano y desenmascarar los intereses de los medios.

Desde diciembre de 2015 el gobierno de Macri desguazó por Decreto la Ley de la democracia facilitando la concentración. Eliminó el Consejo Federal de Comunicación, amplio sustancialmente los límites a la propiedad de medios, limitó y atrasó el pago de fondos de fomento de medios comunitarios e indígenas, permitió fusiones de grandes grupos empresarios.

En los hechos, unos pocos grandes grupos controlan la información mientras los medios locales, comunitarios e indígenas sobreviven con dificultad o directamente han desaparecido. Clarín (que reconoció hacer periodismo de guerra contra el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner) resultó un claro beneficiario de la intervención del Estado. Fue salvado de la quiebra y la compra agresiva de los acreedores entre 2002 y 2005. El grupo se quedó con Cablevisión fusionada con Multicanal, concentrando el 47,3 % del mercado de cable. La compra de Telecom  le permitió dominar los negocios de televisión, telefonía, móviles e Internet. El año pasado (2018) Cablevisión Holding fue la empresa de la Bolsa que más ganó; la sociedad de Noble Herrera, Magnetto, Aranda y Pagliaro, controlantes del 39% de Telecom, embolsó $ 47.019 millones en el año. El Gobierno además asigna a unos pocos medios la publicidad oficial. El grupo Clarín recibe no menos de Dos Millones de Pesos por día por publicidad del Estado. Al mismo tiempo quedan en la banquina empresas locales, medios comunitarios, de Universidades y del sector público cuyo desarrollo permitiría la participación en el debate público de todos los sectores sociales.

Los medios de “entidades sin fines de lucro” o de “las organizaciones libres del Pueblo”, a las que la Ley asigna la tercera parte del espectro,  son la posibilidad de expresión de todos los sectores (especialmente los más débiles) sin mediación del poder económico  o del poder político. Son la posibilidad de que cada comunidad tenga su lugar de debate y construcción de identidad. Son la forma para democratizar la comunicación. Pero para eso es evidente la necesidad de que el Estado intervenga para hacer posible que esos medios subsistan, se fortalezcan y “compitan” con los grandes grupos comerciales. Es la forma de asegurar pluralidad y diversidad. Por eso la Ley estableció un mecanismo de Fomento a Medios Comunitarios e indígenas (FOMECA). Ese Fondo esta constituido con el 10% del gravamen que deben pagar todos los medios audiovisuales. El ENACOM recorta y atrasa el pago de ese Fondo al que se accede por concurso. Baste señalar que al escribir esta líneas (mayo de 2019) no se  adjudicaron todos los proyectos correspondientes al año 2017.

A lo anterior hay que agregar que durante la gestión del actual gobierno hay radios clausuradas, Canales de TV a los que no se incorpora en las grillas de cable, concursos de licencias pendientes… y como gota que rebasa el vaso la persecución. La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires abrió una causa judicial contra los comunicadores populares y dirigentes sociales que participaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre, de una manifestación ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y luego, en Canal 13(Clarín), para que se incluya a las televisoras comunitarias en la grilla de cable como corresponde. La protesta legítima de los medios no comerciales se la sanciona.

Seguramente se abrirá en el país un nueva etapa a partir de diciembre de éste año y es de esperar que se puedan recuperar derechos con reglas democráticas para que el poder económico concentrado a través de sus medios no pueda declarar ninguna “guerra”. Es necesario recuperar y avanzar en el debate que hizo posible la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Seguiremos bregando por la democratización de la comunicación,  la libertad de expresión y el derecho a la información. Eso requiere que el Estado implemente políticas públicas activas para fomentar diversidad y pluralidad de medios;  que la información, en cualquiera de sus formatos, deje de ser considerada solo como negocio y se la reconozca como un bien social indispensable para el debate público en democracia.

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