La CIDH dictó cautelar a favor de Milagro Sala pero el gobierno se desentiende
Ni el gobierno nacional ni el de Jujuy tomaron medidas para cumplir la cautelar de la CIDH, que consideró que la dirigente social debe quedar bajo arresto domiciliario o en libertad con control electrónico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor de Milagro Sala, por pedido de organizaciones de derechos humanos. El organismo consideró que la dirigente social se encuentra en una situación de gravedad y urgencia porque su integridad personal está en riesgo de daño irreparable.
En conferencia de prensa, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, expresó que
«la comisión deja en claro que milagro no puede permanecer de ningún modo en la cárcel y menciona entre las alternativas posibles la libertad con vigilancia electrónica o el arresto domiciliario».
Verbitsky contó que «el Estado nacional emitió un comunicado donde reafirma su respeto al sistema interamericano de derechos humanos, algo que nos parece valioso. Y además dice que el gobierno nacional comunicará la solicitud de la comisión a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y autonomías provinciales».
«El respeto se manifiesta en el cumplimienbto de las resoluciones y no en las palabras de un comunicado», apuntó Verbitsky.
El Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo que el gobierno es respetuoso de la medida dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero volvió a decir que es una decisión de la justicia de Jujuy. Por su parte, el gobernador Gerardo Morales dijo que no comparte que la Comisión “otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias”.
Además ya se pronunciaron por su liberación otros organismo internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y la OEA pidió en noviembre pasado su liberación mediante un comunicado de su secretario General Luis Almagro.
