
Los impulsores de esta propuesta también reclamarán el juicio político contra los jueces de la sala IV de la Cámara de Casación Penal, Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi que fueron los que beneficiaron con la falta de mérito al dueño de la empresa Ledesma Carlos Pedro Blaquier. El empresario está acusado de colaborar con la dictadura durante los secuestros de la Noche del Apagón de Libertador General San Martín aportando los vehículos para el traslado de los detenidos.

En declaraciones a Informativo FARCO, Inés Peña, integrante de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, relató que la carpa «tiene como finalidad el repudio al ´cajonamiento´ que se ha dado a las causas contra estos empresario que forman la parte financiera del terrorismo de Estado. Es la estrategia de lucha que hemos decidido los organismos de derechos humanos y las víctimas de la Noche del Apagón como respuesta a este contexto de impunidad».
[reproductoraudio mp3=https://archive.org/download/CARPACONTRALAIMPUNIDADInesPena01/CARPA%20CONTRA%20LA%20IMPUNIDAD%20-%20In%c3%a9s%20Pe%c3%b1a%2001.mp3 ogg=https://archive.org/download/CARPACONTRALAIMPUNIDADInesPena01/CARPA%20CONTRA%20LA%20IMPUNIDAD%20-%20In%c3%a9s%20Pe%c3%b1a%2001.ogg]Además del caso de Blaquier, hay otros casos emblemáticos en los que poderosos empresarios acusados por su complicidad con la dictadura fueron beneficiados por la Justicia.
Uno de ellos es el que involucra a los dueños de los diarios Clarín y La Nación acusados de haberse apropiado ilegalmente y en complicidad con la dictadura de la empresa Papel Prensa.
Otro de los casos es el del empresario dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca Vicente Massot acusado de ser el instigador de los secuestros de dos obreros gráficos y delegados gremiales.
La carpa se levantará hoy lunes, cuando se reúna la comisión interpoderes, integrada por representantes de la justicia, el gobierno y el Congreso, que debe resolver planteos de los organismos de derechos humanos sobre la demora en los juicios a represores y la falta de salas para realizarlos, entre otros puntos.




