Un equipo de profesionales de un hospital público de la ciudad de Toay conformó una Consejería de Salud Sexual para atender inquietudes de personas de todas las edades, pero especialmente adolescentes y mujeres.

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La pelea por la salud de las mujeres y para garantizar sus derechos crece desde el pie. Con esa convicción nació, desde abajo, la Consejería de Salud Sexual del Hospital Taladriz, en la ciudad de Toay, en La Pampa.

Las trabajadoras sociales Marisa Pérez y Yanina Arteaga, y la médica generalista Patricia Giménez contaron en Radio Kermés su apuesta a la reivindicación de una salud pública que garantice derechos y tenga impacto directo en el territorio. Por eso uno de los desafíos iniciales fue romper los propios muros hospitalarios.

“Si bien era un espacio que ya funcionaba, nos sentamos a ver lo que estaba sucediendo en el hospital y hacia donde apuntar. Ahí coincidimos que el grupo etario más insensibilizado en salud pública, no solo en cuanto a lo local sino considerando estadísticas nacionales, son los adolescentes. Por eso, en principio, orientamos hacia ese lado”, expresó Arteaga. Además precisó que uno de los aspectos claves a abordar es la salud sexual y reconoció que este “sigue siendo un tema tabú”.

Frente a la postura retrógrada de algunos sectores sociales y contra algunas ambigüedades y dudas del propio Estado provincial, decidieron ir a fondo: fijaron posición en favor de la interrupción legal del embarazo y abrieron las puertas a las inquietudes de personas de todas las edades, pero especialmente adolescentes y mujeres.

“El paciente estaba acostumbrado a llegar, saludar, pedir lo que quería e irse. Y de pronto les empezamos a pedir que contaran de ellos, de su vida, de cómo son sus relaciones sexuales, si había relaciones con violencia”, relató Giménez al tiempo que reconoció que las primeras reacciones fueron de sorpresa.

“Desde la conserjería hablamos permanentemente del derecho y que el disfrute tiene que ser de dos. Hablamos de la sexualidad no desde la genitalidad, sino desde el respeto”, añadió.

Con la misma firmeza con que iniciaron este camino, las integrantes del equipo batallan para convencer al resto de los profesionales del sistema, y advierten que la objeción de conciencia en ningún caso implica esconder información de utilidad para las personas.

“Tenemos una posición muy clara respecto a que no queremos más mujeres muertas por abortos clandestinos”, afirmó Pérez y detalló que al resto del equipo del hospital se le planteó la importancia de brindar la información necesaria a quien lo requiera.

“Una cosa es ser el objetor para la implementación y otra muy distinta es negar el acceso a la información. Les dijimos que el que hacía eso incurría en una ilegalidad”, diferenció Pérez.

Esta historia comenzó con un esfuerzo colectivo que fue un granito de arena. Ahora ese camino del respeto a los derechos está marcado: lo que no mira el gobierno nacional, lo que no termina de sistematizar la Provincia desde su Ministerio de Salud, poco a poco, pero con aplomo crece desde el pie.

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