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Este domingo, en medio de las elecciones, el Gobierno de la Ciudad comenzó un operativo para desalojar a más de 10 familias que viven en Humberto1° 2064, San Cristóbal, las cuales tenían aprobados los créditos IVC pero desde la corrida cambiaria de agosto entraron en suspenso.
“Estamos haciendo una manifestación contra la empresa FATSA que se apodero de la casa donde yo he vivido durante 31 años y se quedó nada más que por el impuesto ABL. Vivimos 11 integrantes de mi familia, y 6 son mis nietos” comentó Guillermo, vecino del edificio.
El edificio pertenece a FATSA (Sindicato de Empleados de Sanidad) y la jueza Paula Emilia Fernández ya planteó que si los propietarios lo disponen, están dispuestos a atrasar el desalojo para que se resuelva una salida conveniente para todos. Por eso las familias apelan a la solidaridad de los vecinos y vecinas de La Boca para que acompañen el pedido.
“Estamos haciendo una marcha, haciéndole entender a la gente del sindicato que está dejando a 12 familias en situación de calle, pudiendo solucionar el tema habitacional firmando un crédito en el Instituto de la Vivienda, por eso pedimos una prórroga de 45 días, al cuál nos dijeron que no” señaló Soledad, vecina del edificio.
Gracias a la resistencia las familias lograron llegar a un acuerdo con los propietarios y detener el desalojo, sin embargo continúan en estado de alerta hasta la semana próxima cuando el IVC debería dar mayores respuesta sobre si situación.
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