Derecho a la comunicación para todos
Opina el abogado constitucionalista y periodista especialista en derecho a la comunicación, Miguel Rodríguez Villafañe.
La libertad de expresión debe garantizar el derecho a la comunicación para todos, de manera inclusiva y no diluyente, porque es un derecho humano esencial, individual y social. En función de lo cual, no cabe el condicionamiento tecnológico-comunicativo a acceder a tener frecuencias de radio y TV y menos reservar las mismas sólo a los que detentan fines comerciales.
Resulta necesario, en consecuencia, que se busque asegurar condiciones estructurales que ayuden a que se pueda dar una expresión de ideas, sin discriminaciones y menos dependiendo sólo de la lógica de los mercados.
También, el derecho a la libertad de expresión igualitaria debe garantizarse territorialmente, para que cada persona o pueblo en su ubicación espacial tenga la posibilidad de hacer conocer lo que piensa o hace, en el derecho a desarrollar su presencia, de lo contrario, se afecta gravemente la autoestima comunicacional. Esto último, ya que las personas y los pueblos se pueden realizar, integralmente, cuando pueden saber lo que otros piensan y a su vez, cuando logran hacer conocer a los otros lo que sienten y piensan ellos, con claridad, desde el espacio y tiempo en el que existen. Todo esto hace al verdadero federalismo.
Lo antes referido lo garantizan, en gran medida, los medios sin fines de lucro, cooperativos, mutuales, comunitarios, alternativos, populares, universitarios, gremiales y de los pueblos originarios. También otros medios comerciales que no pertenecen a los grupos hegemónicos de comunicación de nuestro país, particularmente concentrados en Buenos Aires.
Esta problemática fue central en la lucha que se llevó a cabo por una nueva ley de comunicación para la democracia. Una norma que trató también de evitar que los medios de comunicación no sean controlados por un reducido número de personas que directa o indirectamente, tengan el control sobre la información y den sentido a la realidad. La pluralidad de voces es esencial para el funcionamiento de la democracia.
En la lucha por la norma que reflejó los principios antes desarrollados, fue fundamental el papel que cumplió la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella impulsó la ley y puso en juego su gobierno, su persona y su familia y aún hoy sigue sufriendo de la persecución de los medios hegemónicos y su imposición de un discurso único en contra de ella.
Llama la atención entonces, que el precandidato presidencial Alberto Fernández, compañero de fórmula de Cristina, el domingo 26 de mayo, en una entrevista que le hiciera el periodista Martín Piqué, para el diario “Tiempo Argentino” haya sostenido, que “en la sociedad moderna los medios son negocios. Ese fue uno de los errores de la Ley de Medios. No podes dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial… la realidad es que esa ONG, o esa universidad, no tiene capacidad de competir con una sociedad anónima que pone una torta de dinero para traccionar personas y audiencias”.
Lo afirmado por Alberto Fernández responde a un pensamiento que subordina la comunicación a una cuestión de mercado y niega la presencia de otras voces, que no sean la de los grandes capitales mediáticos.
Aún más, resultan erróneas las expresiones referidas, en un contexto en el que, el gobierno de Mauricio Macri mutiló ilegalmente mucho de la esencia de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual; ha privilegiado la concentración de medios y distribuye la pauta publicitaria entre los grandes medios.
Por su parte, la jueza Rita María Ailan, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6, con fecha del 23 de mayo último dispuso, como «medida cautelar interina, la suspensión de los efectos de las Resoluciones de la AFIP» por grandes deudas. La medida había sido solicitada por las empresas dueñas de los diarios Clarín y La Nación. De acuerdo a la resolución judicial, ambas firmas sostuvieron, que «la ejecución forzosa de la deuda las colocaría en una situación de iliquidez que podría impedir la edición y distribución de sus productos periodís-ticos, afectándose así la actividad periodística».
Mientras tanto, a las radios sin fines de lucro, no obstante es obligación legal, no se les pagan los dineros adeudados del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) incluso, para proyectos aprobados del año 2015. Dineros estos provenientes de los gravámenes y multas por incumplimiento de la ley, que no salen del presupuesto nacional y que para obtenerlos hay que presentar proyectos que se evalúan y deben ser aprobados, los que han quedado sin los aportes que les corresponde. Además, no se les da publicidad oficial.
A su vez, el gobierno le ha garantizado al Grupo Clarín no solo el privilegio de tener la palabra única en la información, sino también el manejo de la conectividad, al permitir la fusión con la empresa telefónica Telecom. Hay que aclarar que la conectividad, o sea la posibilidad de contar con servicios de ancho de banda y otros propios de la comunicación actual, son fundamentales para las radios y TV, como el papel para los medios gráficos.
Por su parte, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires abrió una causa judicial contra los comunicadores populares y dirigentes sociales y políticos que participaron pacíficamente el pasado 17 de diciembre, de una manifestación ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y luego, en Canal 13, para que se incluya a las televisoras comunitarias en la grilla de cable como corresponde. La protesta legítima de los medios no comerciales se la sanciona.
Los grupos hegemónicos, en definitiva, no cumplen las leyes, se ponen de víctimas, despiden periodistas y empleados, pero logran más poder monopólico y hacen que el Estado los subsidie y en definitiva, que todos paguemos sus malos negocios, pero cuando se pide que se potencien los medios públicos y garanticen la democratización de la palabra en medios sin fines de lucro, se lo plantea como deficitario, contrario a la responsabilidad estatal. Inaceptable.
