La audiencia en la sede de la OEA en Washington se extendió durante una hora. Escuchá las exposiciones de los representantes de las organizaciones peticionantes y del gobierno nacional.

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Como representantes de los peticionantes participaron en la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Horacio Verbistky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Néstor Busso (FARCO y ALER), Daniel Badenes (RedCom y Universidad Nacional de Quilmes), Damian Loreti (CELS-AMARC) Osvaldo Francés (ARBIA), Ana Jaramillo (Universidad de Lanús) y Oscar Nocetti (Coop. Santa Rosa de La Pampa). En representación del Estado argentino se hicieron presentes el Secretario de Derechos Humanos nacional Claudio Avruj, el titular de Enacom Miguel De Godoy, la directora de este organismo Silvana Giudici, el académico Eduardo Bertoni, y el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires Santiago Cantón.

En esta instancia internacional, el gobierno argentino debía dar explicaciones por las medidas que disolvieron organismos con representación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores, para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo. También tenía que fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones. Sin embargo, a una precisa descripción del escenario de políticas de comunicación descripto por los referentes de organizaciones sociales, siguieron exposiciones evasivas de la comitiva representante del gobierno. Muchos de ellos criticaron decisiones tomadas durante el gobierno de Cristina Fernández y plantearon deseos a futuro de avanzar en una «ley de convergencia», pero no se refirieron específicamente a la situación actual que deriva del cercenamiento a la Ley de Medios aplicado por decreto.

En primer lugar, Horacio Verbitsky destacó el impacto en las políticas públicas de comunicación que tuvieron los DNU emitidos por el Poder Ejecutivo y expresó que, desde la comitiva «las expectativas por esta audiencia son muy elevadas”. Asimismo, explicó que con los decretos “se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de gestión puramente estatal” y criticó que se habilita una mayor concentración en vez de limitarla y se orientan las prácticas hacia una reducción del pluralismo y la diversidad. “Estas decisiones benefician a las grandes empresas en desmedro de las pequeñas y al sector sin fines de lucro”, sintetizó.

En respuesta al planteo gubernamental de actualización tecnológica y convergencia, el titular del CELS,  afirmó :«Si la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era incompleta había que mejorarla, el nuevo gobierno no puede suprimir un marco jurídico que garantizaba la comunicación para toda la sociedad y decretar la ´ley de la selva´».

Por su parte, Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación, destacó la necesidad del país de avanzar en “repuestas normativas y políticas para atenuar la concentración mediática”. Además, señaló que las disposiciones  del Ejecutivo obstaculizan la competencia y favorecen la concentración, particularmente a través de las prórrogas automáticas de licencias. «Esta audiencia tiene por propósito examinar los efectos regresivos dispuestos por el actual gobierno en materia de comunicación”, caracterizó.

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En tercer lugar, Damián Loreti, secretario del CELS y vicepresidente de AMARC, analizó la nueva estructura que adquirió la autoridad de aplicación y fiscalización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la creación del ENACOM por decreto; afirmó que sufrió una caída del principio de legalidad, ya que no se contempla la opinión consultiva dispuesta por la Convención Interamericana.

Daniel Badenes, en representación de las carreras de periodismo y comunicación social de Argentina (RedCom) y de la Universidad Nacional de Quilmes, analizó la afectación específica al sector universitario que tuvieron los decretos de necesidad y urgencia

Néstor Busso, responsable de políticas públicas de FARCO, criticó que el Estado argentino «modifica sustancialmente por decreto aspectos que debatimos y reclamamos durante años».

También expuso que los fondos de fomento concursables previstos por ley  no se están ejecutando desde la nueva gestión. No sólo no se abrieron nuevas líneas de concurso en 2016 sino que el Estado está en deuda con cientos de organizaciones sociales con los cuales ya se firmaron los respectivos convenios y se despidió a 16 de los 20 trabajadores del área encargada de gestionarlos: “El FOMECA se encuentra paralizado».

Por último, recordó que hay más de 200 concursos de radio y TV pendientes de regulación y 180 radios sin fines de lucro censadas y reconocidas esperan sus licencias para ocupar el 33% del espectro radioeléctrico previsto por ley.

Ana Jaramillo, rectora de la UNLa, expresó la urgencia de avanzar en la “adopción de medidas que eviten la regresión y permitan nuevas vulneraciones y que se cumpla con los principios de protección”.

En representación del gobierno nacional, Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación dijo: “Venimos a hablar del amino superador y moderno que está atravesando la Argentina en materia de libertad de expresión”. También criticó que, el 2015 fue un año crítico para el ejercicio del periodismo.

“El decreto 267 ha sido dictado en pleno cumplimiento de las facultades del Poder Ejecutivo”, postuló el funcionario.

Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense hizo hincapié en la necesidad de modificar prácticas y políticas de la gestión anterior en materia de libertad de expresión; también se refirió a supuestas acciones persecutorias y de censura a comunicadores durante el gobierno de Cristina Fernández.

Eduardo Bertoni, director de Protección de Datos Personales de la Nación centro su exposición en que el objetivo primordial de la Argentina es resolver «la adecuación de la normativa vigente a la convergencia mediática». En ese sentido se refirió a la reciente conformación de una comisión para la reforma, actualización y unificación de ambas leyes, en referencia a la Ley Argentina Digital y LSCA. Aclaró que la comisión tiene el plazo de un año para trabajar con un proceso de consulta para que diversos sectores –incluidos los peticionarios en la audiencia- participen.

Miguel De Godoy, director de ENACOM,se refirió a la visita del Relator por la Libertad de Expresión, Edison Lanza, que tuvo lugar a comienzo de año en Argentina. Además, hzo público el compromiso a continuar el diálogo con los peticionarios luego de esta audiencia.

Fragmento

Completo

Fragmentos del debate en el final de la audiencia

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