Greenpeace dio su apoyo a las comunidades que se oponen al oleoducto de YPF
Tanto la organización internacional como la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentaron una demanda en conjunto ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial aduciendo que el oleoducto va en contra de la Ley 3.308, que prohíbe la actividad hidrocarburífera en el golfo. El STJ gambeteó resolver sobre la inconstitucionalidad del oleoducto y desestimó la presentación justificando que las partes carecen de “legitimidad” para reclamar. Foto: Greenpeace.
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Greenpeace dio su apoyo a las comunidades que se oponen a la construcción del oleoducto de YPF que conectaría Vaca Puerta con Punta Colorada, Río Negro, para exportar petróleo.
Tanto la organización internacional como la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentaron una demanda en conjunto ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial aduciendo que el oleoducto va en contra de la Ley 3.308, que prohíbe la actividad hidrocarburífera en el golfo. El STJ gambeteó resolver sobre la inconstitucionalidad del oleoducto y desestimó la presentación justificando que las partes carecen de “legitimidad” para reclamar.
La ley provincial 3.308 fue sancionada en el ’90 y establece que no se puede realizar ninguna actividad petrolera en el golfo, resguardando los recursos de la provincia. Sin embargo, la Legislatura de Río Negro modificó la normativa sin permitir el debate y de espaldas al pueblo para permitir que avance la explotación.
Ante esa decisión del Poder Legislativo rionegrino, las organizaciones presentaron un recurso judicial para frenar el avance, basado en el principio de no regresión que establece el Acuerdo Escazú de no legislar hacia atrás. Es decir que si ya había un área protegida por una ley, no se puede cambiarla para permitir la actividad que antes se prohibía.
“Esta ley fue derogada a espaldas de la gente para la instalación de un puerto petrolero en Punta Colorada. Es una locura que esto esté ocurriendo en este contexto de crisis climática y ecológica que estamos viviendo, en un momento en que deberíamos estar reduciendo nuestra dependencia a los combustibles fósiles”, expresó Luli Vueso, vocera de Greenpeace en diálogo con Radio Escuela La Namunkurá.
“En este país se está ampliando la infraestructura de hidrocarburos, lo cual no tiene ningún sentido. Así que estamos apoyando a la comunidad que le fue quitado de un plumazo este derecho y queremos difundir esta problemática para que cada vez más gente sepa lo que está pasando”, agregó.
Uno de los representantes de la asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina es Gonzalo Berges, que también estuvo en Las Grutas y puntualizó respecto al fallo del STJ que dice que quienes presentaron la demanda no tienen “legitimidad” para hacerlo.
“Una resolución absolutamente contraria al derecho actual vigente, que está amparado no solo por la Constitución Nacional sino por los tratados ambientales firmados en el último tiempo Escazú, entre otros, que legitiman a las comunidades a ejercer ese reclamo”, manifestó el letrado.
