Reclaman que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de ley que extiende la vigencia de la ley 26.160 por cuatro años. Exigen que el debate sea antes del 23 de noviembre, fecha en la que vence la norma.

Si bien el Gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extiende la vigencia de la Ley 26.160 hasta 2025, las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) insisten que la prórroga de la ley, que entre otros puntos declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de desalojos de las tierras que ocupen las mismas, debe sancionarla el Congreso antes del 23 de noviembre próximo.

“Reafirmamos nuestro pedido de urgente sesión de la Cámara de Diputados antes del 23 de noviembre para tratar y aprobar la prórroga de la Ley 26.160, entendiendo que nosotros hemos caminado cada una de las puertas de los diputados, también en el territorio, y el da el número para el quórum y la cantidad de diputados que están acompañando a la prórroga de la ley”, manifestó Néstor Jerez, del Pueblo Ocloya, en diálogo con La Redota.

“Solamente falta la voluntad política y decisión del presidente de la Cámara, y de los presidentes de bloques partidarios”, agregó el integrante de una de las comunidades que hace tres semanas acampe frente al Congreso exigiendo que se sancione la extensión de la normativa.

Jerez insistió que le corresponde a los integrantes de la Cámara de Diputados debatir y aprobar la media sanción que le falta al proyecto y advirtió que “este decreto es muy peligroso” porque “le están dejando servido al poder, a la derecha, a las multinacionales, a que avancen sobre nuestro territorio y los bienes naturales para continuar con el saqueo y la destrucción a la madre tierra”.

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