Escuchá el reporte de Ignacio López Isasmendi, del Colectivo de Comunicación Popular La Palta.
El proceso a Manlio Torcuato Martínez por sus acciones durante la última dictadura cívico militar está llegando a su etapa final. El ex juez federal está siendo juzgado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negación y dilación de la Justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de los militantes de Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de Tucumán.
También se le imputan los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano.
Ayer, tanto la Fiscalía presentaron sus alegatos y solicitaron la pena máxima contemplado en el Código Penal.
El fiscal de la causa, Pablo Camuña, afirmó que «se cerraron los alegatos con el pedido de 25 años de prisión para el acusado Torcuato Martínez por el cúmulo de delitos por los que venía imputado, tanto en relación masacre de la calle Azcuénaga como por los delitos cometidos directamente contra Romano, y todo eso en concurso con su participación en asociación ilícita. Es un cuadro imputatitvo bastante complejo que nos lleva al máximo legal de la pena».
[reproductoraudio mp3=https://archive.org/download/ReporteLaPalta280515/Reporte%20La%20Palta%20280515%20C1.mp3 ogg=https://archive.org/download/ReporteLaPalta280515/Reporte%20La%20Palta%20280515%20C1.ogg]Por su parte, la Dra. Alejandra Romero Niklison, se refirió a la pena solicitada y a la necesidad de continuar con investigaciones accesorias.
«Desde la querella que representamos pedimos la pena máxima, además de que se abran investigaciones nuevas, como a quien era secretario, Paez de la Torre, un pedido de falso testimonio de la señora Marta de Padilla, su secretaria privada, en base a los mismos hechos que ella relató en la sala. Esperamos que sea una pena de cumplimiento efectivo y en cárcel común».
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