"La regulación de la publicidad oficial es una deuda de la democracia"
Diego de Charras, docente e investigador en comunicación, analizó el proyecto de ley que busca regular la asignación de la publicidad oficial que obtuvo media sanción del Senado el 23 de noviembre.
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Damián Loreti, Diego De Charras y Luis Lozano, que integran el Observatorio de comunicación y derechos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), establecieron en un artículo algunas consideraciones sobre el proyecto de ley de publicidad oficial que obtuvo media sanción del Senado, «para tener en cuenta para su posible debate en la Cámara de Diputados y para la posterior reglamentación en caso de ser sancionado».
En comunicación con Radio Futura, Diego de Charras, quien dirige la carrera de comunicación de la UBA, sostuvo que «es saludable que se discuta una ley y que se puedan establecer criterios claros de asignación de pauta oficial».
El docente e investigador, dijo que el criterio central para asignar pauta no puede ser el nivel de audiencia o el rating que tengan los medios de comunicación, porque de este modo «la pauta publicitaria va a ser para los que más tienen y no habría una verdadera preocupación del Estado por hacer llegar su mensaje a distintos públicos con distintas características y ubicaciones geográficas». También realizó una observación sobre la forma de medir los niveles de audiencia y señaló que «no son confiables»
A su vez, cuestionó que el proyecto no define quién producirá los anuncios del Estado. «La creatividad publicitaria podría estar delegada en empresas extranjeras, ya que no dice que esas empresas tengan que ser nacionales», criticó.
De Charras hizo énfasis en que la pauta oficial se asigna con discrecionalidad. «El proyecto tiene como criterio el alcance que tienen los medios, pero también dice que la pauta proyectada debe contemplar un 20 % para medios universitarios, comunitarios, sin fines de lucro. Esto es saludable pero no esta definida la autoridad de aplicación», aclaró.
Agregó que el proyecto de ley «establece porcentajes máximos en la asignación de la pauta, como un 60% para distribuirse en función de la audiencia y otro 20 % a distribuir con otros criterios de federalismo y pluralismo. El Estado no establece con claridad los criterios de distribución de ese 20% y confunde los términos federalismo y pluralismo, es decir, no hay pluralismo si la pauta va a grandes grupos de medios que existen en el interior del país.»
