Miercoles 03 de Mayo del 2017 - CABA

La CCD y radiodifusores decomisados se reunieron con directores del ENACOM

Aseguraron que revisarán los casos expuestos, recibirán propuestas para la modificación del protocolo utilizado y avanzarán en la normalización de las radios. "Si fue positiva o no es algo que todavía está por verse", consideró Pablo Antonini, presidente de FARCO, "dependiendo de que aparezcan hechos que ratifiquen la buena voluntad expresada".

Ayer se desarrolló en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) una reunión entre los directores del organismo Alejandro Pereyra y Heber Martínez, y representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) y de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza (UCAYA).

Del encuentro participaron representantes de Radio M, del partido de La Matanza, FM Fórmula, de Merlo y FM Milenium de Formosa que hoy tienen abiertas causas penales, luego de que sus emisoras fueran decomisadas por el ENACOM mediante violentos procedimientos sobre los cuales, durante la reunión, los directores deslindaron responsabilidades argumentando que les compete a los jueces intervinientes en cada caso. Martínez y Pereyra abrieron el encuentro afirmando que «el límite son las interferencias con las comunicaciones aéreas» frente a las que es necesario «actuar urgente«, pero las historias de los afectados dejaron rápidamente claro que ese era un piso compartido: en todos los casos la radio había sido apagada inmediatamente ante el pedido de los inspectores, sin que nada explique los decomisos posteriores y la saña empleada para realizarlos.

Desde FARCO también se planteó el caso de FM Ocupas de Moreno, emisora gestionada por una Asociación Civil que trabaja con niños y jóvenes discapacitados, obligada a cesar sus emisiones por atribuirsele interferencias con comunicaciones aéreas durante el pasado feriado de carnaval. Pese a haber presentado su descargo en tiempo y forma con certificación técnica incluida hace ya dos meses, el organismo no se aviene hasta hoy a constatarlo, incumpliendo con sus propios plazos y extendiendo innecesariamente el perjuicio para la radio y la comunidad donde se emplaza.

Además, y en cumpliendo de mandato de la reciente Asamblea Nacional de la red donde el tema fue abordado por radios de todo el país, el presidente de FARCO Pablo Antonini postuló la derogación o modificación del protocolo aprobado por resolución 9435 de diciembre pasado, sobre todo en lo referido a los apremiantes plazos exigidos a los radiodifusores y la falta de consecuencias sobre el organismo cuando no cumple con los propios, lo que permite -como en el caso mencionado- mantener indefinidamente una radio apagada aunque haya certificado la solución del problema; así como las 2064 y 2065 que transforman «algo tan grave como la facultad de clausurar, decomisar, o decretar la caducidad de permisos o licencias en simples actos administrativos internos, dando mayor margen para posibles abusos y arbitrariedades». 

El encuentro concluyó con el compromiso de los funcionarios de revisar los casos presentados, así como recibir y considerar las propuestas de modificación de estas normas. También adelantaron que en breve se conocerá una resolución para avanzar en la normalización de las radios aunque, según aclaró el director Alejandro Pereyra «no vamos a crear falsas expectativas porque hay 17 zonas en las que es imposible, entre ellos los distritos del conurbano bonaerense.»

Al finalizar la reunión, el director Heber Martínez manifestó que «tenemos instrucciones del presidente de la Nación y del presidente del Ente de construir a través del diálogo y creemos que este fue un gran avance. Creemos que este es un sector que es importante que trabaje cerca nuestro para aportar a las normativas».

En tanto que el referente de la Coalición Luis Lázzaro, relató que «fue un encuentro positivo para analizar casos concretos que tienen que ver con graves situaciones que tuvieron radiodifusores en distintos lugares del país y que derivaron en la criminalización. Ha sido útil para pasar en limpio la situación. Los radiodifusores ratificaron que no quieren interferir con las comunicaciones aéreas, y que tienen toda la voluntad de ajustarse técnica y jurídicamente a los procedimientos que corresponden».

Para Antonini, «si la reunión fue positiva o no es algo que todavía está por verse, dependiendo de que aparezcan hechos que ratifiquen las muestras de buena voluntad que se expresaron. Si se modifican o derogan estos protocolos y estas cosas dejan de suceder, entenderemos que fue una reunión positiva. Sino seguiremos pensando lo que creemos hasta ahora: que más que una suma de hechos casuales como se nos dijo, hay una política y una intención, tanto sobre las radios afectadas que estuvieron presentes, como sobre otras que empiezan a apagarse ante el temor de que les suceda algo parecido».

 

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Protesta frente a la sede del organismo – octubre 2016

Fernando Dugos, responsable de FM Milenium 97.1 de Formosa, ratificó que «fui decomisado arbitrariamente», ya que previamente se había constatado que la emisora no provocaba interferencias. «Es como que se dio una puerta para una posible solución, plantearon que podían aceptarnos modificaciones al protocolo si las presentamos por escrito, pero mientras el protocolo seguirá». Lamentó que «se desliguen de responsabilidad en la violencia y arbitrariedad de los que ejecutaron el allanamiento y el secuestro», y dijo que la promesa de revisión de su caso «es el único alivio que por ahora nos llevamos, si bien que revisen no significa que solucionen, el tema es la inquietud que no le podemos sacar al resto de las radios del país».

Por su parte, Guillermo Saucedo, UCAYA de La Matanza, subrayó la violencia desplegada en los operativos de Merlo y La Matanza, en los que la policía federal se llevó junto con los equipos a los directores de ambas radios de sus casas, delante de sus familias y los vecinos.

«Nosotros siempre estuvimos muy atentos a estos temas, y coincidimos absolutamente en que el límite es la interferencia, el problema es que hay varias radios que no estaban cometiendo ninguna infracción y aun así sufrieron estos procesos», manifestó. Recordó que «nosotros en cuanto salió el protocolo planteamos que nos parecía muy violento, que le daba fuerzas de policía como antaño», y respecto a la posibilidad de un nuevo proyecto de normalización que no incluiría a las zonas de conflicto consideró: «Si es así seguiremos siendo parte de la jungla, donde gana el que tenga más fuerza para comprar equipos más grandes. Ellos siempre hablan de la herencia recibida pero nosotros les recordamos que no venimos reclamando el derecho a comunicar legalmente desde la época kirchnerista, sino desde que arrancó la democracia: somos radios, queremos tener nuestros papeles en regla, no queremos joder a nadie y queremos comunicar porque tenemos derecho a hacerlo».

Osvaldo Francés, de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la Argentina (ARBIA), valoró que haya existido «un cierto acercamiento a partir del conflicto», aunque «lo lógico sería que las reuniones para charlar y llegar a comunes acuerdos fueran previas al conflicto, sin embargo hoy estamos acá después de decomisos y denuncias penales. Pero es una puerta que se abre, esperemos que sea en beneficio de todos los radiodifusores que hace 30 años estamos en esta pelea».

El director de la Carrera de Cs. de Comunicación de la UBA Diego de Charras concluyó que «fue una reunión auspiciosa por haber abierto una puerta de diálogo con tres puntos centrales: poder hacer propuestas sobre el protocolo, la revisación de los casos presentados, y el proceso pendiente de Normalización. Esperemos que sobre esos ejes se pueda avanzar».

Mientras que el especialista y docente de la UBA y UNDAV, Diego Rossi observó que «hay una promesa de normalización del espectro radioeléctrico a la par de una alerta de que no todos van a poder emitir. A su vez, se deslindan de responsabilidades como funcionarios cuando claramente los radiodifusores les marcaron que en los procedimientos hay irregularidades que corresponden directamente al ENACOM. Hay radiodifusores con causas penales, pero esperemos que puedan cumplir con su palabra y revisar los procedimientos».

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