El planteo fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Las organizaciones señalaron que la paralización del trámite durante el receso judicial podía afectar de forma directa a familias que dependen de los comedores para cubrir necesidades básicas.
Hace dos años que la UTEP reclama la incorporación de comedores a la política alimentaria, el gobierno nacional se niega a aplicarlo. La justicia define que hay que incorporar más comedores.
Nicolás Rechanik, representante de la UTEP, en comunicación con FM En Tránsito, contó: «Cuando la justicia ordenó al gobierno que reestableciera la entrega de alimentos con las organizaciones que habían dejado de recibirlos, empezó una etapa mucho mas tediosa, judicial, de plantear cada caso concreto de los comedores que aún no reciben los alimentos».
Además desde la UTEP destacaron que es una definición política de La Libertad Avanza dejar sin comida a grandes sectores de la sociedad: «La decisión política del gobierno es dejar de enviar alimentos a los comedores y muchos tuvieron que cerrar, porque en este contexto económico es fundamental la ayuda del Estado para sostenerlos».