Tucumán: provincia incumple medidas a favor de Lucía, niña violada a la que le demoraron semanas la ILE
Emilio Guagnini, abogado de ANDHES, explicó que el Estado provincial no cumple con su parte en la sentencia, como garantizar una beca de estudio, y asistencia social y psicológica.
Escuchar Descargar el reporte de FM San Alfonso, de Yerba Buena, Tucumán.
Esta semana suspendieron la audiencia convocada para definir si la justicia tucumana accedía al pedido de prisión domiciliaria que presentó la defensa de Eliseo Amaya, condenado por violación de Lucia, la niña que quedó embarazada por ese abuso y a quién le negaron durante semanas el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La defensa solicitó el beneficio de prisión domiciliaria por temor que Amaya se contagie coronavirus en la prisión donde cumple la condena de 18 años.
Mientras tanto, el gobierno provincial no cumple con las medidas de protección y contención para la niña. Emilio Guagnini, abogado de la asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompaña en el proceso judicial a la familia de la víctima, dialogó en FM San Alfonso y aseguró que la Estado tucumano incumplió con su parte en la sentencia judicial. «Pedimos que el Ministerio de Educación garantice una beca de estudio, como también el acceso a asistencia social y psicológica» . Según el abogado, la situación es «preocupante» .
Guagnini se refirió al pedido de prisión domiciliaria y apuntó que no debería tenerse en cuenta porque «en la provincia no hay circulación de Covid-19 dentro del ámbito carcelario» . De acuerdo a un comunicado publicado por la organización, el informe médico del Servicio Penitenciario de Tucumán indicaba que «el condenado no presenta enfermedad aguda en curso ni cumple con el requisito de ser mayor de 70 años, por lo que no corresponde otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria» .
Por otro lado, Florencia Vallino, abogada que integra el equipo de la organización, explicó a la emisora que llevan adelante otro «conjunto de acciones jurídicas» en su rol de querellante de la causa. Esas acciones están vinculadas a los delitos cometidos por los y las funcionarios públicos que tuvieron un rol activo en la obstaculización para que la niña acceda a la ILE, aseguró Vallino. Y agregó: «Venimos denunciando una serie de maniobras dilatorias de agentes de salud que intervinieron en el caso. Entendemos que, como caso testigo, dar cuenta de ciertas prácticas que tiene el sistema de salud para con las adolescentes que nos parece central modificarla» .
