El Proyecto de Ley Reconocimiento de las Respuestas Comunitarias para la Niñez y Adolescencia se presentó en el marco de la Agenda Legislativa de Niñez y Comunidad que contempla otras dos iniciativas propuestas por Claudia Bernazza: la creación del Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias, y un Régimen Laboral del Trabajador y Trabajadora Comunitario.

Escuchar/Descargar la presentación del Proyecto de Ley Reconocimiento de las Respuestas Comunitarias para la Niñez y Adolescencia por Claudia Bernazza.

La diputada nacional Claudia Bernazza, conjuntamente a las organizaciones de Lxs Chicxs del Pueblo, presentó la Agenda Legislativa de Niñez y Comunidad que contempla tres principales proyectos: el Reconocimiento de las Respuestas Comunitarias para la Niñez y Adolescencia, la creación del Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias, y un Régimen Laboral del Trabajador y Trabajadora Comunitario. La jornada del viernes se centró en la explicación de los orígenes, alcances y objetivos del primero proyecto que conforma esta agenda.

«El primer proyecto alude específicamente a temas de niñez, y por eso hoy invitamos a quienes están más abocados. Los otros dos no solo son proyectos necesarios en la base de las organizaciones comunitarias de niñez, sino también en aquellas que se dedican a lo deportivo, a la comunicación, a los Derechos Humanos, salud, las bibliotecas populares, cooperadoras, entre tantas otras» , aclaró Bernazza al comenzar su presentación ante más de 400 espectadores conectados de manera virtual, entre ellos, legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, y representantes de organizaciones sociales y del Estado.

También se armó un panel de oradores que dio sus opiniones sobre la agenda legislativa conformado por Marisa Graham, titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, las diputadas nacionales, Laura Russo y María Rosa Martínez; la legisladora de la provincia de Buenos Aires, Mariana Larroque, y Norberto Liwski, presidente de DNI Argentina.

Los tres proyectos se relacionan entre sí. El primero, señaló la referente de Lxs Chicxs del Pueblo, «necesariamente tiene que estar acompañado por una puesta en valor de las organizaciones comunitarias a través de un Instituto Nacional, porque la organización comunitaria no está definida en nuestro plexo normativo«. La creación del Instituto busca poner en valor a la organización comunitaria «a las que vamos a dejar de nombrar como ONG» , apuntó y, a continuación, justificó su posición: «Son siglas y formas de comprender a la organización comunitaria que nos vinieron de afuera de organismos internacionales de crédito que nada comprenden de la historia latinoamericana«. También señaló que algunas las funciones de esa entidad abarcaría «orientar, acompañar, facilitar trámites y por supuesto para regularizar los papeles de dominio de nuestros bienes, y por supuesto para monitorear» .

Otro de los aspectos claves de este segundo proyecto es la creación de la figura de Balance Social en reemplazo del balance económico; la de «Bien de utilidad social» y propone un trato diferencial en la provisión de servicios y bienes públicos, y en materia fiscal, por ejemplo en la Ley del Cheque, entre otros.

Finalmente, el último proyecto de la agenda apunta a un Régimen laboral para trabajadores y trabajadoras comunitarias. «Es un régimen especial porque son trabajadores cuyo empleador es él o la misma persona organizada. El que contrata es un nosotros comprometido con un objetivo militante. Es todo un tema definir esto. Estallan las reglas del capitalismo con este régimen» , comentó y agregó que antes de su presentación formal, realizará una interconsulta con otras organizaciones «cuyos proyectos sirvieron de antecedente» .

La normativa que propone el Reconocimiento de las Respuestas Comunitarias para la Niñez y Adolescencia se basa, fundamentalmente, en la reglamentación del artículo 7 de la Ley 26.061, que define como «familia o núcleo familiar», «grupo familiar», «grupo familiar de origen», «medio familiar comunitario», y «familia ampliada», además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por cosanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada.

Bernazza cuenta que las autoridades de aplicación de la ley aclaran las directrices que «emanan tanto desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño como de nuestro plexo normativo» . Las mismas dicen: «En la base de toda nuestra legislación está el interés superior del niño; el respeto a las particulares del niño, niña o adolescentes, de sus familias y su entorno socio comunitario. Está el derecho a ser escuchado y participar en la toma de decisiones en los temas que le conciernen, y está la participación de niños, niñas y adolescentes, de su medio familiar y de las organizaciones de la comunidad en todo el proceso de ejercicio, protección o restitución de derechos» .

La legisladora cree que es necesaria una norma complementaria ya que la Ley 26.061 «en su práctica, ejercicio, implementación e interpretación, necesita un ajuste porque las leyes son situadas. Son producto de un momento histórico y necesitamos adecuarlas en el tiempo y en las realidades de su aplicación» . Amparándose en las definiciones y directrices detalladas previamente, el proyecto de ley plantea que «las respuestas comunitarias se generan en la dinámica social constantemente». Esto – agregó – «es preexistente a la actuación estatal ante un hecho» .

Las respuestas comunitarias están tipificadas en el Proyecto de Ley como «de acompañamiento» y «de convivencia«. «Las primeras son más conocidas. Tienen que ver con la actuación de las casas abiertas para ejercer el ‘oficio sin nombre’, de abrazar, abrigar, de comprometernos profundamente con la vida de cada pibe o piba. Todos ellos acompañan y generan respuestas creativas en cada situación según la cultura, los comportamientos, las tradiciones de esa comunidad. Esta comunidad genera respuestas de convivencias. Muchas veces ayudando a creer que toda crianza es comunitaria» , describió Bernazza.

Antes de finalizar, agregó: «¿Qué le decimos al Estado y a los poderes públicos? Que sea cuidadoso. Que antes de escribir ni un renglón en los expedientes, que escuche, vea, perciba, observe estas respuestas. Que vaya en busca de estas respuestas que se fueron debilitando a partir de los ajustes de los programas sociales del propio Estado y a partir de una sociedad que puso en valor el consumo de mercado y los proyectos individuales» .

Norberto Liwski, consideró que el proyecto presentado no surge «de una improvisada y oportuna situación sin contexto«. También sostuvo que además de respetar los procesos y vínculos de las respuestas comunitarias, la iniciativa propone garantizar el derecho a la identidad: «El derecho a la identidad es cultura, es vínculo, es práctica social, es la crónica de la vida cotidiana la que no puede ni debe interrumpirse. La ley viene a reafirmar el sentido de esa visión de la perspectiva del derecho a la identidad«.

La diputada nacional bonaerense y vicepresidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, Laura Russo, expresó que los proyectos «llegan en un momento clave» y resaltó el trabajo de las organizaciones durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia, y señaló que esos espacios serán importantes en un contexto post pandemia. «Por ese lado, me parece clave el momento que trabajamos este proyecto para fortalecer las organizaciones» ,agregó.

María Rosa Martínez, legisladora por el Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, apoyó el conjunto de normas y las denominó una «trilogía» porque «van juntas y muy atadas«, por lo que resulta fundamental debatirlas «ahora, no mañana ni pasado» y ratificó: «vamos a acompañar y a militar este proyecto» .

Por su parte, Marisa Graham, defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, reconoció el trabajo de las integrantes del panel y de los representantes de organizaciones sociales y entidades gubernamentales presentes en la reunión. También celebró la creación de los tres proyectos como aportes necesarios para una ley complementaria a la 26.061. Además de acompañar la sugerencia de no utilizar el término ONG, elogió como «un hallazgo» la advertencia al Estado para que antes de tomar alguna medida «mire quienes rodean a ese niño o niña, mire cuál es su realidad, y trate de escuchar lo que él escucha, de asimilar los olores y sabores de esa comunidad que lo contiene (…) No solo las familias contienen, también la comunidad» .

Por otro lado, adhirió a lo dicho por Lewski sobre el derecho a la identidad, e indicó que también la cultura y la comunidad «forman parte de esa identidad y de ese origen de los niños y adolescentes, por lo tanto «sacar al pibe de ahí también implica desentrañarlo» .

Una vez finalizadas las exposiciones del panel, también opinaron al respecto las diputadas nacionales Gabriela Cerrutti, Patricia Mounier, Verónica Caliva; María Eva Asprella, directora Ejecutiva del Organismo Provincial Niñez y Adolescencia; mientras que José Arana y Manuela Mendy, representando a Lxs Chicxs del Pueblo, cerraron la lista de oradores.

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