Medios populares exigieron la absolución de los comunicadores detenidos el 1 de septiembre
Las redes de medios populares respaldaron la apelación presentada por las 22 personas procesadas luego de la marcha al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
Escuchar/Descargar el reporte de Manuel Maschi, desde Radio Gráfica
Ayer por la mañana se realizó una concentración y radio abierta frente a los tribunales porteños de Comodoro Py, para pedir la absolución de las 22 personas procesadas, tras la represión llevada a cabo por la Policía de la Ciudad el 1 de septiembre en la marcha por Santiago Maldonado.
La actividad se realizó a raíz de la decisión del juez Martinez di Giorgi de llevar a juicio a los acusados por resistencia a la autoridad e intimidación pública, entre ellos comunicadores de medios comunitarios que estaban registrando el accionar policial. La gravedad del hecho reside en que para el juez esa forma de registro constituye parte del delito de intimidación publico, lo que pone en riesgo la libertad de expresión sino que también criminaliza el trabajo de periodistas y comunicadores populares.
Durante la radio abierta, Sebastián, uno de los procesados, expresó que «la caratula que nos están adjudicando es por intimidación pública, pero de ninguna manera este hecho fue una coacción, ni fue un hecho organizado. Las personas que estaban ahí en ese momento no se conocían, no habían planeado nada de lo que sucedió.»
«Todo esto tienen que ver con una intención exclusiva de ingresar a aquellas personas que se manifiestan en el sistema judicial y perpetrar la condena social de la manifestación», opinó.
De la radio abierta participaron trabajadores de prensa nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), integrantes de la RNMA, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Además desde el espacio Interredes (integrado por las redes FARCO, AMARC Argentina, RNMA, RedCom, Red Colmena, Red PAC, AReCIA, Barricada TV y Pares TV) repudiaron el procesamiento de comunicadores y comunicadores de medios comunitarios. «El accionar policial se ve agravado por la decisión del juez de considerar que ese registro constituye el delito de intimidación pública, lo cual muestra que se está poniendo el Estado al servicio de criminalizar a periodistas y comunicadores«, expresaron en un comunicado, en el que también manifiestan su preocupación porque «los comunicadores nos convirtamos en blanco de la represión policial».
