En la provincia del Chaco, organizaciones ambientalistas reclaman al gobierno que frene los desmontes y declare la emergencia forestal en la provincia.

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Luego de diez años de aplicación de la Ley de Protección de Bosques Nativos, en las provincias del norte siguen los desmontes porque fallan los controles, se otorgan permisos ilegales y las comunidades campesinas e indígenas siguen sin recibir los beneficios de la ley.

“La Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos establece zonas rojas, donde no se puede extraer nada; zonas amarillas, donde se pueden realizar algunas extracciones controladas; y zonas verdes donde se puede hacer un manejo vinculado a la agricultura y la ganadería. Con el correr del tiempo la misma ley establece que se tienen que hacer nuevos ordenamientos y actualizaciones, que tiene que resultar de un proceso participativo y eso es lo que ha estado faltando en la provincia de Chaco y es lo que las organizaciones reclaman” detalló Adriana Rodríguez, técnica de INCUPO e integrante de la Red Agroforestal Chaco Argentina.

Estos reclamos, llevaron al gobernador Domingo Pepo, en el mes de enero a emitir un decreto para frenar los permisos de desmontes y convocar a las organizaciones ambientalistas a una reunión para evaluar una actualización del ordenamiento de bosque.

La reunión del gobierno con las organizaciones se realizó la semana pasada. Rodríguez, comentó que “lo que en esta reunión señalamos al ministro de Ambiente es que aun habiendo suspendido los otorgamientos de nuevos permisos, todavía se sigue haciendo una extracción y un desmonte descontrolado con permisos anteriores a la fecha del decreto del gobernador. Lo que se pidió es la suspensión de los permisos otorgados e incluso la declaración de la emergencia forestal”.

El gobierno recepcionó la petición de las organizaciones, y se comprometió a responder la semana que viene.

INCUPO - NEA