La adhesión al RIGI tiene media sanción y falta el tratamiento en el Senado provincial
La adhesión al RIGI no solo implicaría la entrada de grandes capitales extranjeros sin garantías para la comunidad local, sino que también amenaza con replicar un modelo extractivista que ya sufren otras provincias y que tiene como respuesta la resistencia organizada de la población en distintos puntos del país.
La provincia de Mendoza da un paso más hacia la incorporación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un polémico marco legal que podría abrir las puertas a la minería contaminante con grandes beneficios a las multinacionales extranjeras gracias a la aprobación del Congreso de la Ley Bases.
Ayer, la adhesión recibió media sanción en la Cámara de Diputados provincial, y hoy será debatida en el Senado, donde diferentes sectores se movilizan para presionar a los legisladores para que rechacen la medida.
Adriana Saua, integrante de la Asamblea por el Agua de San Carlos, una de las más activas en la defensa de la Ley 7722 que protege los recursos hídricos de la provincia, advirtió sobre los peligros que implica la adhesión al RIGI. “Este régimen le da beneficios de todo tipo por 30 años. Las grandes inversiones tendrán prioridad sobre el uso del agua, incluso antes que el consumo humano. No están obligados a dejar nada de la cadena productiva ni a generar empleo local, y si causan problemas ambientales, ni siquiera podemos litigar contra ellos en nuestro país”, afirmó en diálogo con Radio Tierra Campesina.
Luego se refirió a lo que está impulsando el gobernador Alfredo Cornejo: “Yo no sé si se habrá olvidado lo que le enseñaron sus maestras sancarlinas, de cuáles eran las fortalezas productivas las zonas de la provincia, porque anda diciendo por todos lados, que somos una provincia minera, se inventa un distrito minero“.
La adhesión al RIGI no solo implicaría la entrada de grandes capitales extranjeros sin garantías para la comunidad local, sino que también amenaza con replicar un modelo extractivista que ya sufren otras provincias y que tiene como respuesta la resistencia organizada de la población en distintos puntos del país. “El único derrame que deja la minería es el de contaminantes”, concluyó Saua, subrayando el impacto irreversible que tendría este modelo en los recursos naturales de Mendoza.
La votación de hoy será crucial para determinar si Mendoza aprueba el RIGI y se convierte en otra provincia que apuesta a la minería, como San Juan, o si los y las legisladores votan por preservar las fortalezas productivas del cuyo mendocino basadas en la agricultura y el turismo.
“Este régimen le da beneficios de todo tipo por 30 años”, alertó Saua, y subrayó que uno de los principales privilegios que tendrán las empresas es sobre el insumo del agua antes que el consumo humano.
“No están obligados a hacer transferencia de maquinaria, no están obligados a dejar nada de la cadena productiva, no están obligados a dar trabajo. Si causan algún problema ambiental ni siquiera podemos litigar contra ellos sino que hay que hacerlo en una corte extranjera”, remarcó.
