Internet y celulares servicios esenciales: la Comisión Bicameral aprobó el DNU del Gobierno
Marcos Cleri, diputado santafesino del Frente de Todos, presidió la reunión de la Comisión de Trámite Legislativo. El DNU 690/2020 congela las tarifas de esos servicios y estableció que cualquier aumento deberá ser aprobado por el ENACOM.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aprobó el decreto presidencial que declara como servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía celular y la TV paga. El mismo también congeló hasta fin de año las tarifas de esos servicios y de la TV satelital. Además, estableció que cualquier aumento deberá ser aprobado por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).
Juntos por el Cambio estuvo ausente del encuentro que se realizó ayer y presentó una nota de rechazo a que se realice la misma.
Marcos Cleri, diputado santafesino del Frente de Todos y quien presidió reunión realizada mediante videoconferencia, aseguró al respecto del anuncio de Alberto Fernández el pasado fin de semana: “El Decreto 690/2020 lo que hace es volver a restituir parte de lo articulado de la Ley 27.078 que por amplias mayorías en el Congreso de la Nación se debatió y se sancionó por audiencias públicas y era parte de un andamiaje de acciones que el Estado nacional estaba llevando a cabo para poder tener no sólo una Argentina claramente conectada sino una política humana de comunicación que beneficie a la ciudadanía”.
En ese sentido, aseguró que “teníamos la Argentina conectada” con programas como Conectar Igualdad o Argentina Digital. Y agregó: “Teníamos las fibras óptica troncales, que posteriormente se llamaron a licitación, y las fibras ópticas provinciales que permitían llegar a cada una de las localidades que tenían que tener esta conectividad”.
Por su parte, Pablo González, diputado nacional por Santa Cruz y miembro informante de la reunión, señaló: “Nosotros creemos que esta ley propicia la libertad de expresión y el acceso a la información”.
También mencionó que los grandes monopolios de medios “nunca se autoregulan” y consideró que “el Estado es el que debe estar para poner las cosas en su lugar. Así como nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar con este 690, con el artículo 15 y el 48 de la 27.078”, refiriéndose a la ley conocida como Argentina Digital.
“Esa ley de argentina digital de las tecnologías de la información y las comunicaciones es una ley que tenemos que volver a poner en valor”, cerró.
El diputado por Mendoza José Luis Ramón de Unidad y Equidad Federal, apuntó: “Creo, aun a contramano de las oposiciones que marcamos nosotros en cuanto a la cantidad de decretos de necesidad y urgencia, este es uno por excelencia. El gas, la electricidad, la conectividad son servicios públicos esenciales. Esto que van a firmar ustedes hoy es un hecho histórico”.
En tanto, la diputada por Buenos Aires del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Romina del Pla señaló que “Lejos de la idea que efectivamente defienden los integrantes de Juntos por el Cambio que quieren proteger integralmente los intereses de las empresas de telecomunicaciones a fondo; sin embargo, yo veo que en este decreto tampoco se avanza con temas que son fundamentales”.
“La declaración de los servicios de telefonía celular, internet, como servicios públicos, no altera la estructura de funcionamiento de estas empresas y servicios que en enorme mayoría están en manos de empresas privadas y que incluso tienen grandes monopolios. Entre estas empresas se han repartido y tienen intervención monopólica en importantísimas regiones del país e incluso dentro de algunas provincias. Por lo tanto, los precios los van a seguir fijando estas empresas monopólicas, no lo fija el Estado”, aclaró la diputada.
En ese sentido, continuó del Pla, “no está claro ni se fija en el decreto cuál es la prestación básica universal que va a fijar el ENACOM. ¿Con qué parámetros los va a fijar?”. Luego manifestó que el Ente Nacional debería, primero, reincorporar a los y las trabajadores despedidos durante los cuatro años anteriores. Y agregó: “Una vez que incorporen a todos estos trabajadores y ténicos, la definición de la prestación básica universal debería incluir el acceso y la liberación, por ejemplo, de datos para todos los estudiantes y los docentes. pero esto no lo fija el decreto. Ni tampoco está garantizado”.
También se refirió a la unión de las empresas Cablevisión y Telecom que aprobó el ente en 2017 como una fusión que “ha generado una monopolización brutal de las telecomunicaciones”. “Hay que anular esas fusiones que están generando esta tendencia creciente a la monopolización no sólo de los servicios de telecomunicacion sino también de la generación de contenidos de las plataformas y demás para pasar a tener una presencia del Estado. Nuestra posición obviamente es la nacionalización”, concluyó.