Lunes 24 de Agosto del 2020 - Nacionales

Internet, celulares y TV paga servicios esenciales: “Una excelente decisión que estábamos pidiendo”

Así lo manifestó Néstor Busso, responsable de Políticas Públicas en Comunicación de FARCO, respecto al anuncio del Gobierno nacional. La medida es apoyada por distintos sectores, como el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la Corriente Federal de Trabajadores, la UTEP, el Sindicato de Prensa Rosario y la Coalición por una Comunicación Democrática, entre otros.

Escuchar/Descargar la entrevista a Néstor Busso, responsable de Políticas Públicas de Comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

Amplio respaldo a la decisión del Gobierno nacional de declarar servicios públicos esenciales a Internet, la telefonía celular y la TV paga.

El presidente Alberto Fernández realizó el anuncio el viernes por la noche. El decreto congela las tarifas hasta fin de año y establece que de ahora en adelante serán servicios regulados por el Estado y que, por ejemplo, los nuevos aumentos deberán tener autorización del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).

Una excelente decisión que estábamos pidiendo, junto con muchas otras organizaciones de consumidores, de la comunicación, sindicatos, la declaración de servicio público para internet, para la telefonía celular y para la televisión por cable”, expresó Néstor Busso, responsable de Políticas Públicas de Comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

El servicio público para internet y la telefonía celular era parte de la ley de telecomunicaciones o Ley Argentina Digital. Eso fue derogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia de Clarín que firmó Macri y que permitió crecer en forma desmesurada a las empresas de telecomunicaciones y, particularmente, al Grupo Clarín”, manifestó en declaraciones al Informativo FARCO.

Busso explicó que el anuncio del presidente “permite que el Estado regule y ponga reglas, entre otras, a la fijación de tarifas”. Y agregó: “Esto que dispuso el presidente Fernández no es una novedad argentina. En muchos países del mundo, particularmente en los más desarrollados, como Canadá, Europa o algunos países de América Latina, internet y la telefonía celular son considerados servicios públicos como a partir de ahora será en Argentina”.

Distintos sectores dieron su apoyo a esta decisión del Gobierno nacional, como la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la Corriente Federal de Trabajadores, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Sindicato de Profesionales de las Telecomunicaciones, CePETel, la Asociación Bancaria, el Sindicato de Prensa Rosario y la Coalición por una Comunicación Democrática, entre otros.

Por otro lado, quien también es integrante de Radio Encuentro de Viedma (Río Negro), detalló que “no es una estatización”, si no que el decreto “pone las condiciones de prestación del servicio”.

Entre esas condiciones , las tarifas. Y una cosa importante del decreto, que ya también estaba en la ley, es que deberán fijar una tarifa social para un servicio básico universal. O sea un servicio que le llegue a todas las personas independientemente de su capacidad económica o de cualquier otra cuestión, un servicio universal, es decir para todos y todas”, aseguró.

Sobre el acompañamiento que tiene esta decisión, Busso señaló que “en general el apoyo es total, con excepción de las empresas o de los sectores ligados a esas poderosas empresas”. “Después hay un montón de cooperativas o Pymes locales que prestan el servicio de distribución local de internet o de telefonía celular. Pero los grandes grupos empresarios son los que se han manifestado en contra. Por supuesto en su expresión política que es el Pro o Cambiemos, a través de varios de sus dirigentes que se han opuesto a esta medida”.

Antes de finalizar, concluyó: “Esto está muy fundamentado en regulaciones a nivel internacional, resoluciones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay mucho trabajado sobre esto, por eso los especialistas en el tema, salvo aquellos que tienen intereses económico, están apoyando esta medida”.

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