Impulsan juicio político y denuncia ante la CIDH contra los jueces que votaron el fallo a favor de los genocidas
Se resolvió en el V Encuentro de fiscales, abogados y abogadas querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad, que tuvo lugar el fin de semana en la ciudad de Santa Fe.
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Este fin de semana se realizó en la ciudad de Santa Fe el quinto encuentro abogados y abogadas que participan como querellantes en juicios de lesa humanidad. Los profesionales resolvieron impulsar el pedido de juicio político para los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco que firmaron el fallo quer beneficia a los represores con la redución de sus penas.
En declaraciones a Informativo FARCO la abogada santafesina, Lucila Puyol explicó que los fundamentos del pedido de juicio político y destitución serán distintos en el caso de la jueza Elena Higton de Nolasco y de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
Por un lado, la jueza Highton de Nolasco determinó hace unos años en el caso Jofré que el delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años no había prescripto. Ahora votó lo contrario a este fallo y «no dio ningún fundamento para modificar ese voto, que debería haberlo fundado», señaló Puyol.
«La jueza ya cumplió 75 años y como dice la Constitución Nacional debe jubilarse, sin embargo, realizó un planteo para no hacerlo y el Poder Ejecutivo nacional era quién debía apelar la resolución, pero no lo hizo. Entonces, hay una clara connivencia entre Highton de Nolasco y el gobierno nacional», señaló la abogada.
Puyol también señaló que los jueces Rosenkrantz y Rosatti estaban violando la ley antes de ingresar a la Corte, ya que manifestaron que aceptarían el nombramiento por decreto del presidente Mauricio Macri, sin que sus cargos fueran evaluados por el Senado, que finalmente los aprobó.
La abogada de derechos humanos también contó a FARCO que denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demora en los juicios, el abandono de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del gobierno y también este fallo de la Corte. Los abogados y abogadas intentarán ser recibidos por la Comisión en la visita que realizará en dos semanas a nuestro país.
«Nosotros como colectivo mucho antes de este fallo habíamos pedido una audiencia a la comisión en el mes de enero. Es posible que nos reciba como a otras organizaciones sociales y políticas para hacer nuestro planteo, que tiene que ver con la preocupación que nos genera la lentitud de los juicios y el desfinanciamiento de la política de derechos humanos. En ese marco, vamos a plantear este fallo de la corte, que es un claro retroceso», detalló.
