Freno judicial a la quita de la concesión del agua a la Cooperativa Integral
El Poder Judicial frenó el traspaso del servicio de agua al municipio de Villa Carlos Paz y convocó a las partes a una audiencia el 1 de marzo.
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La Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación de la provincia de Córdoba hizo lugar “parcialmente y de manera excepcionalísima” a un amparo presentado por socios y trabajadores de la Cooperativa Integral (COOPI) de Villa Carlos Paz y frenó el traspaso del servicio de agua al municipio previsto para el próximo viernes.
Según establece el dictamen, la suspensión de los plazos “tiene el propósito de garantizar el derecho de defensa de las partes en un proceso judicial de gran magnitud”.
En declaraciones a VillaNos Radio, el abogado constitucionalista e integrante del equipo asesor de la COOPI, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, contó que en un primer momento el Poder Judicial “había decidido hacer una audiencia el lunes 1 de marzo” que “se volvía abstracta teniendo en cuenta que la fecha del decreto inconstitucional”, con el que el municipio a cargo de Daniel Gómez Gesteira iba a recibir la concesión del servicio de agua, “era el 26 de febrero”,
“La Justicia, creo que con sentido común y esperemos que sea luego con sentido de justicia, ha suspendido la medida que pretendía llevar a cabo este viernes hasta la audiencia del lunes donde se van a evaluar las posturas y ojalá la justicia ayude a instalar un diálogo por el bien común”, manifestó el letrado.
Además calificó al dictamen como “un avance en civilización democrática”. Y agregó: “Esto es parte de la construcción de una democracia que la queremos de pie para todos y en la cual el Poder Judicial hoy más que nunca debe dar su participación adecuada”.
En los fundamentos de la resolución se expresa que “la trascendencia institucional que significa el cambio de ‘prestador’ de un servicio público esencial, como es el de provisión de agua potable para la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que involucra un derecho humano fundamental al agua, que venía siendo gestionado por una Cooperativa durante más de cincuenta y siete (57) años, debe ser ejemplo de juridicidad y de buena administración, a la vez de garantizar la defensa de los derechos comprometidos por las partes de ese procedimiento, que tiene instancias administrativas, pero que también tiene instancias judiciales que deben ser cumplidas, ante los tribunales a impulso de los interesados”.
Además, la decisión cautelar queda enmarcada en el “contexto real de una situación signada por una pandemia global, frente a la cual, debe preservarse el derecho de las personas a una buena Administración, reconocido tanto en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, como así también, en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos ante la Administración Pública y que, consecuentemente, configura un auténtico y genuino derecho fundamental de la persona”.
Ver también:
–FARCO participó de las Audiencias Públicas Participativas en defensa de la COOPI
