Fiscalía de Estado pidió a la Corte provincial que caigan las ordenanzas que prohíben el fracking
Paula Sapollnik, miembro de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura, criticó el rol de la Fiscalía. “No estaría cumpliendo su rol sino que simplemente empieza a funcionar como una herramienta servil de este gobierno en particular con estos intereses en particular que son poder realizar fracking en Mendoza”.
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La Fiscalía de Estado de Mendoza elevó un pedido a la Corte Suprema de Justicia provincial para que resuelva “en pleno” el fallo para decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las ordenanzas que prohíben el fracking en varios municipios de la provincia.
Esto pedido significa que los miembros de la Corte deberán pronunciarse sobre las causas que enfrentan a la Fiscalía con los municipios, ya que fue esa entidad la que pidió la inconstitucionalidad de las ordenanzas, elevando a juicio a los Estados departamentales en contra de estas prácticas. Un ejemplo de esto es la Ordenanza 08/2013 de Tupungato.
Paula Sapollnik, miembro de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura, aseguró que este falló “implicaría que todas las ordenanzas de los distintos municipios, no sólo las que hoy están con estos pedidos de acción de inconstitucionalidad, caería también”.
En declaraciones a Radio Sin Dueño, Sapollnik criticó el rol de la Fiscalía, ya que “debería velar por los derechos de los ciudadanos”. “No estaría cumpliendo su rol sino que simplemente empieza a funcionar como una herramienta servil de este gobierno en particular con estos intereses en particular que son poder realizar fracking en Mendoza”, afirmó.
También consideró como “preocupante” que “la Corte pueda resolver sobre si los municipios pueden o no aplicar una prohibición en cuanto a una técnica de exploración o explotación hidrocarburífera”.
“Nosotros entendemos que es plenamente constitucional porque siempre que hablamos del derecho ambiental estamos hablando de que todas las normas se tienen que dar con un principio de progresividad y no de regresividad”, explicó.
En ese sentido, aclaró: “Como estas normas tienen que ver con una mayor protección del ambiente están dentro de todas las leyes, primero empezando por el artículo 41 de la constitución, y después por los principios de progresividad, principio precautorio. Por esto creemos que además sería un problema grande porque ya los pueblos no podríamos decidir sobre nuestro lugar, sobre como queremos vivir”.
