Espionaje a vecinos: la AFI identificó a uno de sus agentes pero negó haber autorizado sus actividades
Ante el requerimiento del Juzgado, la Agencia Federal de Inteligencia identificó a uno de sus agentes como responsable del espionaje ilegal realizado a vecinos de la comarca, pero aclaró que no fue una tarea encomendada por el organismo conducido por Oscar Parrilli.
Escuchá el reporte completo de Pablo Galperín, de FM Kalewche de Esquel, Chubut
La causa que investiga el espionaje sobre periodistas y vecinos integrantes de la Asamblea «No a la mina» en Esquel incorporó nuevos elementos al conocerse el pasado viernes la respuesta de la Agencia Federal de Inteligencia al requerimiento realizado por el Juzgado Federal de esa localidad.
En el mismo, la AFI contestó que en las bases y archivos de la institución no existe información de inteligencia referida a personas y organizaciones sociales que manifiesten su oposición a la instalación de emprendimientos mineros. Tampoco, respecto de conflictos por la ocupación, posesión o propiedad comunitaria de tierras reclamadas por pueblos originarios.
La Agencia afirmó además, que no ordenó ni autorizó actividades referidas a esas cuestiones, y que no existió ningún requerimiento de autoridad judicial solicitando información sobre esos asuntos.
La fiscal federal Silvina Ávila explicó que «sí se aportaron los datos de una persona que coincidiría con los datos que desde este este juzgado se enviaron, en relación a su nombre y apellido, algunos apodos», que revista como agente del organismo.
Si bien se relevó al espía de la obligación de guardar secreto exclusivamente sobre esta situación, para el caso de que deba presentarse a prestar declaración, desde el Juzgado Federal se aclaró que la identidad del agente y la información que habría proporcionado al Ministerio Público Fiscal de Esquel sigue sujeta al régimen del secreto establecido por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
El espionaje sobre los vecinos fue detectado a principios de septiembre porque las fichas habían sido incorporadas al propio cuerpo del expediente judicial en un conflicto por la recuperación de un territorio mapuche que tiene a la multinacional Benetton como querellante, y generó masivos repudios dentro y fuera de esta localidad, así como una causa iniciada a los fiscales María Bottini, Fernando Rivarola y Fernanda Révori por «desconocimiento inexcusable del derecho», al haber recibido y mantenido durante tres meses las fichas de los vecinos aportadas por el agente de inteligencia. El propio Parrilli se reunió con legisladores de la comarca y afirmó que «no está en discusión que el espionaje en Esquel fue un delito».
