"Es un error responsabilizar a los migrantes por la problemática de la inseguridad en el país"
En una de las audiencias de ayer ante la CIDH, el gobierno nacional fue cuestionado por el decreto que reforma a la ley de migraciones, que criminaliza a los migrantes.
Durante las audiencias de ayer ante la CIDH, el gobierno nacional recibió cuestionamientos por el decreto presidencial que reformó la Ley Nacional de Migraciones. El decreto asocia la migración con el delito y facilita las expulsiones de migrantes.
Durante la audiencia, participaron organizaciones de migrantes de nuestro país que cuestionaron la medida presidencial. Marta Guerreño López, de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba, señaló que «emparentar a los migrantes con la delincuencia y utilizarnos para resolver la problemática de inseguridad, es un grave error. Somos sólo el 4% de la población, es humillante que nos atribuyan la responsabilidad de la delincuencia en el país.»
Guerreño también sostuvo que lo que hace este decreto expone a los migrantes a la discriminación y la xenofobia en el país. En el mismo sentido, Nengumbi Sukama, del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración, agregó que «el decreto reactiva el racisimo hacia las migraciones actuales, sobre todo la inmigración latinoamericana, africana y asiática, que se manifiesta a través de tratos discirminatorios en hospitales, escuelas y las distintas dependencias del Estado .»
En representación del gobierno nacional, asisitó a la audiencia ante el organismo internacional, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
A pesar de que el decreto endurece la política migratoria, el funcionario de sostuvo que «el respeto por la diversidad forma parte de nuestra política.»
En referencia a la reforma migratoria dijo que busca «mejorar los controles en la frontera para evitar el ingreso de personas en conflicto con la ley e impedir la permanencia de quienes la hayan violado.» Avruj sostuvo que no se trata de perseguir migrantes, pero sí de reforzar controles migratorios.
Ayer también en una primera audiencia, el gobierno nacional y de la provincia de Jujuy debió dar explicaciones por la criminalización de la protesta social en esa provincia.
Petitorio de las organizaciones a la CIDH
