El Senado aprobó la prórroga por 4 años de la ley que frena los desalojos de comunidades indígenas
El Senado nacional aprobó por unanimidad la prórroga de la ley 26.160 por un período de cuatro años. El proyecto ahora deberá tratarse en la cámara baja.
La Ley 26.160 ordena al estado realizar los relevamientos de las tierras que ocupan las comunidades originarias y mientras tanto, suspende los desalojos de dichos territorios. Esta ley, sancionada en 2006, fue prorrogada en varias oportunidades y el último plazo otorgado vencía en noviembre. Luego de la media sanción en el Senado, se espera que la Cámara de Diputados apruebe la prórroga sin modificaciones, y las provincias tendrán cuatro años más para concluir esos relevamientos.
El Senador Fernando «Pino» Solanas, de Proyecto Sur, uno de los impulsores de esta prórroga afirmó durante la sesión que no alcanza con la decisión que tomó el Senado: «No basta con aprobar la prórroga de una ley que no pone límite de fecha, ni fija el presupuesto para realizar el relevamiento de las tierras. Por estas razones, ha habido un pedaleo constante del tema central que es otorgarle la titularidad a quiénes tradicionalmente vienen ocupando esas tierras que son los pueblos originarios.»
Solanas dijo que, en cambio al magnate inglés Joe Lewis, que «cometió fraude contra la nación argentina», se le permitió comprar ilegalmente de 11 millones de hectáreas sobre la frontera con Chile, vulnerando la ley.
La senadora rionegrina, Magdalena Odarda, del Frente Progresista – Coalición Cívica ARI, que preside la comisión especial de pueblos indígenas dijo que se trataba de un proyecto de «vital importancia para todos los pueblos indígenas de la Argentina y esta haciendo honor al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los mismos.»
Norma Durango, senadora del PJ por la provincia de La Pampa, manifestó que «estamos ante un proyecto de ley que es un imperativo de derechos humanos, es la obligación del Estado de reconocer la propiedad de los territorios a las comunidades. la prorroga no es una concesión que nosotros les estamos dando, sino que es la responsabilidad del Estado, y su extensión es imprescindible ya que no han finalizado los relevamientos territoriales.»
El Senador radical Luis Naidenoff de Formosa expresó que «estamos convencidos, fundamentalmente los que pertenecemos a provincias en las que las comunidades son parte activa de nuestra sociedad, de la necesidad de dotar cierta previsibilidad y certidumbre a las comunidades, ante la inminencia de posibles decisiones administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar derechos como puede ser un desalojo.»
El legislador reflexionó que «si a 11 años de la sanción de la ley, vamos a votar una prorroga, nos quedamos a mitad de camino y no hemos hecho las cosas del todo bien , y hay responsabilidades compartidas del Estado nacional y provincial.»
Mientras en el recinto se discutía la prórroga a la ley, afuera aguardaban las organizaciones de pueblos indígenas de todo el país. Durante la mañana habían realizado una manifestación hasta el lugar para expresar la «urgencia» de la decisión que finalmente tomó el Senado.
