Denuncia internacional al gobierno por violar la libertad de expresión y favorecer la concentración mediática
FARCO junto a otras redes de medios de comunicación, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales denunciaron al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
El gobierno de Javier Milei fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) por violar la libertad de expresión, favorecer la concentración de medios de comunicación en pocas manos, y por la represión a trabajadores de prensa durante las manifestaciones en los alrededores del Congreso mientras se debatía la Ley Ómnibus.
Organizaciones que nuclean a medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos denunciaron el accionar del gobierno argentino ante las entidades internacionales para que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en Argentina.
Formaron parte de esta presentación el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCO, FATPREN, REDCOM, la Red de Medios Digitales, Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Juan Salvador Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), una de las organizaciones participantes de la denuncia, explicó en diálogo con el Informativo FARCO que el gobierno de Milei en tan solo dos meses de gestión realizó distintas maniobras para favorecer la concentración mediática y reducir la libertad de expresión, como por ejemplo “suspender los límites de la cantidad de licencias que puede tener una empresa; intervino el sistema público de medios, y ahora habla de su privatización; y además intervino la autoridad de aplicación, el ENACOM, quien regula las leyes del sector”.
Los denunciantes aseguran que las medidas de Milei se llevaron adelante gracias a la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y otros DNU que amenazan constantemente las políticas promotoras de derechos en el ámbito de la comunicación, como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. “A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística”, agregaron las organizaciones en la presentación.
El presidente de FARCO destacó que si la presentación es aceptada el Estado argentino deberá dar explicaciones sobre los motivos que llevaron a esas decisiones. “Probablemente si nos da la razón iremos a un litigio discusión con los representantes de nuestro Estado argentino por las decisiones que están tomando”.
Delú recordó que existe un antecedente en este tipo de denuncias que llevaron al Estado nacional a dar explicaciones ante los organismos internacionales, cuando el gobierno de Mauricio Macri intervino la Autoridad Federal del Servicio de Comunicaciones Audiovisual (AFSCA) “tomando decisiones lamentables de cercenamiento de la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisual, que también favorecían la concentración mediática. En ese momento el Estado argentino tuvo que dar explicaciones”.
