Correpi: con una muerte cada 21hs “el gobierno de Macri es el más represor”
Durante tres años, el gobierno de Cambiemos elevó el índice de personas asesinadas en manos del Estado: de una cada 29 horas en 2015 pasó a una cada 21 horas a finales del 2018.
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La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el viernes pasado el Informe de la Situación Represiva Nacional en Plaza de Mayo. El acto contó con la presencia de Sergio Maldonado y Nora Cortiñas, en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Desde 1983 hasta diciembre de 2018, las fuerzas de seguridad son responsables de 6535 muertes. De ese total, 1.303 corresponden a personas asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos (considerando desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 12 de febrero de 2019). Esa cifra representa el 20% del total de asesinatos desde diciembre de 1983.
“Hay una política explícita de disciplinamiento no solo de los sectores organizados y en lucha del pueblo trabajador, sino de una manera mucho más difusa y permanente de implementación del control social sobre quienes objetivamente están siendo sometidos a condiciones que los llevarían a manifestarse y organizarse”, detalló la abogada y remarcó: “Es claramente una política tendiente a la desmovilización y al control social”.
La particularidad del gobierno de Cambiemos también está dada por la generación de un marco normativo que busca legitimar y legalizar la violencia del Estado. Ejemplo de ello es la resolución 956 del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich y que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta norma establece que se podrá hacer uso de armas de fuego para, entre otras situaciones, “proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” e “impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”. Verdú definió esto como a “la legitimación de la doctrina Chobobar”.
“Por primera vez estamos hablando de un gobierno que legitima el gatillo fácil como política de Estado. Y lo hace en los hechos y en su propio discurso, con el abrazo a Chocobar, y simultáneamente genera herramientas normativas para darle mayor entidad y profundizar su uso”, enfatizó y añadió que en la misma línea va el proyecto de reforma del Código Penal.
Otro de los datos llamativos que arroja el informe da cuenta de que el 20% del total de femicidios registrados en el país fueron cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad.
“Es una incidencia que no la vas a encontrar en ninguna otra ocupación que quieras analizar. Esto ratifica lo que decimos desde la teoría feminista cuando explicación la articulación y la relación dialéctica que existe entre capitalismo y patriarcado. Cuando se cruza a violencia estatal con la violencia machista, se potencian recíprocamente”, analizó.
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