Cornejo avanza con el proyecto minero San Jorge pese al rechazo social y los informes críticos
Asamblea Vecinal en Uspallata. Hace años que la comunidad mendocina se manifiestas en contra del avance de la megaminería y en defensa del agua pura. Mientras tanto, la gestión de Cornejo ignora al pueblo apostando a los intereses extractivos pasando por encima de los derechos de las comunidades y el ambiente.
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Mientras crece el rechazo social y las advertencias de instituciones académicas de peso, el gobierno de Alfredo Cornejo avanza con los trámites para habilitar el proyecto megaminero San Jorge, ubicado en la cuenca alta del río Mendoza. A pesar de los dictámenes técnicos contrarios, el Ejecutivo provincial sigue empujando el expediente de una obra que pone en riesgo una de las principales fuentes de agua de la provincia.
La Autoridad Ambiental Minera, que depende del Ministerio de Energía, Minería y Ambiente de Mendoza, hizo público recientemente un informe de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) que cuestiona con dureza el proyecto. Sin embargo, lo hizo tres semanas después de haber recibido el documento, y recién cuando la empresa minera y la consultora contratada por ella ya habían preparado sus respuestas.
Según explicó el licenciado en Geografía e investigador del CONICET Marcelo Giraud, el manejo del expediente por parte del gobierno no solo contradice las prácticas habituales, sino que además busca minimizar los impactos señalados por la universidad: “La Autoridad Ambiental ni siquiera le envió a la empresa el informe completo de la UNCUYO, que tiene 186 páginas y es muy crítico. Le mandaron un resumen de tres páginas, y la minera respondió sobre ese resumen”, relató en diálogo con Radio Cuyum.
El proyecto San Jorge no es menor. Aunque desde el gobierno y algunos medios intenten presentarlo como algo pequeño, Giraud advierte que se trata de un verdadero emprendimiento megaminero, ubicado en un área particularmente sensible: “Está en la cuenca alta del río Mendoza, aguas arriba del millón y medio de mendocinos que vivimos en el Oasis Norte. Eso lo hace especialmente preocupante”.
Hace años que la comunidad mendocina se manifiestas en contra del avance de la megaminería y en defensa del agua pura. Mientras tanto, la gestión de Cornejo ignora al pueblo apostando a los intereses extractivos pasando por encima de los derechos de las comunidades y el ambiente.
En 2007 se aprobó la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera, gracias a la presión popular. En 2019, esa misma ley estuvo a punto de ser modificada, pero una impresionante movilización provincial obligó al gobierno a dar marcha atrás. Asambleas, organizaciones socioambientales, comunidades rurales y urbanas vienen sosteniendo una lucha firme y persistente para impedir que se imponga el modelo extractivista en una provincia con escasez hídrica.
*Foto: Federico Soria
