La Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes lleva adelante distintas actividades en contra de la imputación de asambleístas ambientales que participaron de la masiva movilización de diciembre de 2019, en la que el pueblo rechazó la modificación de la ley 7.722 impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez.

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En Mendoza, esta semana se esperan nuevas manifestaciones y actividades a cargo de la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes en contra de la imputación a Nora Moyano y otros tres asambleístas ambientales por su participación en la masiva movilización del 17 de diciembre de 2019, en la que el pueblo mendocino rechazó la llamada Ley Cianuro, que modificaba la ley 7.722 y permitía la minería contaminante en la provincia.

Gracias a las marchas y manifestaciones populares, la Legislatura derogó la normativa trabajada por el mandatario recién asumido Rodolfo Suárez.

El viernes pasado, las organizaciones ambientalistas realizaron una manifestación frente al palacio legislativo en repudio de la criminalización de la lucha socioambiental y para visibilizar la acusación de privación ilegítima de la libertad que enfrenta Moyano, entre otras denuncias a miembros de las asambleas en defensa del agua.

En declaraciones a Radio Sin Dueño, Moyano aseguró que el fin de esta acusación es “amedrentar, castigar y que tengamos miedo”, mientras afirmó que se trata de una “causa política”.

“No tenemos miedo porque seguimos defendiendo el agua como bien para todos los mendocinos como derecho humano no sólo para nuestras generaciones sino también para las futuras y todos los seres vivos. Frente a la muerte anunciada, hemos sido capaces y continuamos siendo los que estamos construyendo la resistencia popular“, remarcó.

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