La monja japonesa Kumiko Kosaka, acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que las ocho restantes están en libertad.

Comenzó en Mendoza el segundo juicio por los abusos sexuales contra niños y niñas hipoacúsicos en el Instituto católico Antonio Próvolo, que tiene como imputadas a nueve mujeres, las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez y otras siete directivas y empleadas del instituto. El mismo se desarrolla de manera semipresencial debido al contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Es el segundo juicio, luego de que, en noviembre de 2019, el sacerdote italiano Nicola Corradi yel cura Horacio Corbado fueran condenados a 45 años de prisión; mientras que el exempleado Armando Gómez a 18. Estas sentencias fueron ratificadas en septiembre por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.

En declaraciones a Radio La Mosquitera, la integrante del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, Erica Labeguerie, aseguró que las acusadas fueron “partícipes por acción u omisión de los hechos aberrantes que pasaron nuestras familias” y remarcó que “sin ellas, nada hubiese sido posible”.

Labeguerie sostuvo que “Corvacho, Corradi, Gómez no estaban solos. Es muy importante para comprender también la sistematicidad del horror que tenían, en donde era necesario que muchas personas intervinieran para que este silencio durara durante tanto tiempo”.

“Tanto miedo, terror y silencio fue posible por la acción de muchas personas”, agregó.

La monja japonesa Kumiko Kosaka, acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto están en libertad.

Las otras imputadas en la causa son la representante legal Graciela Pascual, las exdirectoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Paz, acusadas como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.

El proceso judicial comenzó el lunes 3 de mayo y se fijaron audiencias de debate hasta octubre, aunque no se descarta que el juicio pueda extenderse.

“Hoy inicia pero va a llevar su tiempo y queremos que cuanto antes haya una sentencia firme a la altura de las circunstancias como la obtuvimos en 2019”, pidió la integrante del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo.

Además, celebró llegar a la instancia del juicio “porque sabemos que hubo mucha impunidad, que fueron muchos años y que generalmente en estos casos la Iglesia no llega a la Justicia”.

*Foto: La Mosquitera.

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