Coalición por una Comunicación Democrática a favor de la regulación estatal de las telecomunicaciones
En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, los medios comunitarios, sindicatos, universidades, pymes, cooperativas y otros sectores que la integran lanzaron un documento en el que expresan su apoyo al Decreto del Gobierno nacional que declaró a la telefonía e Internet como servicios esenciales cuyas tarifas deben ser reguladas por el Estado.
En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información que se conmemoró este 17 de mayo, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) presentó un documento titulado “Más concentración de mercado es menos democracia y menos trabajo. Democratizar es integrar y redistribuir”, en el que destacan la concepción de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como servicios esenciales por el impacto de la pandemia y exigen políticas públicas “para mejorar las condiciones de usuarias, usuarios, trabajadores/as y pequeños y medianos medios de comunicación y prestadores”.
La lectura federal del pronunciamiento fue transmitida por el canal de YouTube del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y contó con la presencia de Pablo Antonini, presidente de FARCO; Guillermo Saucedo, de la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (UCAyA); Irene Haimovichi, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA/FATPREN); Alejo Demichelis, director de prensa de CTERA; Maribel Sánchez de Internauta – Asociación Argentina Usuarios de Internet (Chaco); Víctor Schajovitsch, de la Asociación Argentina Teledifusores Pymes y Comunitarios (AATECO), Mayra Santa Cruz, de Radio Encuentro/EnTV (Viedma), Gabriel Wainstein, de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas (ARUNA); Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA); Milcíades Peña de Urbana TeVe/Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA); Tri Heredia, del Colectivo Más Democracia – CCD Córdoba; Sergio Salinas Porto, presidente de Internauta; Alfredo Moreno, de Internet Esencial; Virginia Collivadino de Comunicación Popular de Salta y Jujuy; Moisés Rioja, de Wayruro Comunicación; Sandra Poliszuk, por las Universidades de Río Negro y el Comahue.
En primera instancia, el colectivo de organizaciones afirma que “el pluralismo comunicacional viene sufriendo un estado de emergencia, que no logró revertirse en tiempos de Covid-19” ya que entre 2015 y 2019 “se perdieron más de 4000 empleos en los medios de comunicación (empresas editoriales, agencias de noticias públicas y privadas, radios, canales de televisión, imprentas, grandes y pequeños medios comerciales), lo que multiplicó situaciones de incertidumbre, pérdida del poder adquisitivo y precarización de los trabajadores existentes”.
“Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las infraestructuras de las comunicaciones, que llegan a niveles nunca vistos en el pasado”, remarcaron.
“En este marco, ratificamos la defensa de las instituciones democráticas frente al ataque sistemático de estos grupos concentrados y sus representantes en el Poder Judicial”, agregaron, y señalan como antecedente el “vergonzoso fallo judicial que en plena pandemia privilegia las ganancias de estos grupos frente a los derechos a la salud, educación y trabajo, entre otros”.
“El derecho de acceso a servicios TIC nunca fue resuelto por “la competencia del mercado”: así lo demuestran el estado de las redes de comunicaciones y las desigualdades previas a la Pandemia. Llámese Prestación Básica Universal, tarifa o abono social o preferencial, deben tutelarse los derechos de acceso de los sectores más desprotegidos”, denuncian desde la Coalición.
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Por otro lado, la CCD pide la “plena vigencia y cumplimiento” de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y modificada durante la presidencia de Mauricio Macri a favor de los grupos empresarios dueños de medios de comunicación. “Continúa pendiente la regularización del espectro de radio y televisión, sobre todo en las llamadas “zonas de conflicto”, donde permanecen sin acceder a licencias y legalidad cientos de medios de comunicación comunitarios y locales”, sostiene el comunicado.
Además, apuntaron que Argentina “sigue careciendo de una Ley de Publicidad Oficial democrática y de carácter federal que reduzca la discrecionalidad del criterio de asignación”. El reclamo de los distintos medios autogestivos, comunitarios, populares, asamblearios y cooperativos, entre otros, ya tuvo diversas expresiones para visibilizar la falta de una distribución justa, equitativa y federal de los recursos del Estado en esta área. La última de esas manifestaciones sucedió el pasado 30 de marzo frente al Congreso Nacional.
Otro de los puntos que exigen los diferentes espacios que integran la Coalición es la “plena disponibilidad de fondos FOMECA y de SERVICIO UNIVERSAL para atender cuestiones de conectividad, infraestructura social y medios comunitarios” y una “ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa para equilibrar la cancha de una verdadera competencia entre emprendimientos periodísticos comerciales, microPyMes y sin fines de lucro”.
