Otros referentes de derechos humanos también repudiaron el fallo de la Corte y apuntaron contra el juez Rosenkrantz, designado por el presidente, que votó a favor del 2x1, porque desconoce la legislación internacional sobre derechos humanos.

Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nombrados por el presidente Mauricio Macri y de la jueza Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema de Justicia aplicó la reducción de penas prevista en la denominada Ley del 2×1, al represor Luis Muiña. Si bien el fallo es para ese caso puntual, sienta precedente para que se les pueda dar ese beneficio al resto de los genocidas que están en prisión.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en contra en línea con el principio de que no se puede conceder amnistía ni perdonar, los delitos de lesa humanidad. La jueza Highton de Nolasco había tenido, en fallos anteriores como miembro de la Corte, una opinión contraria a lo que votó ayer.

El ex juez Carlos Rozanski, quién fue presidente del primer tribunal que condenó los crímenes de la dictadura, luego de la derogación de las leyes de impunidad dijo a Canal Abierto que «la Corte Suprema de Justicia viene teniendo una jurisprudencia sobre este tema, que es que al tratar delitos de lesa humanidad no corresponde amnistía, indulto, ni prescripción.»

El ex juez agregó que «la aplicación del 2×1 además no corresponde porque contraria la legislación internacional en materia de derechos humanos. Además de la lectura jurídica habría que hacer una lectura política.»

Los jueces Rosenkrantz y Rosatti, que votaron afirmativamente la validez del 2×1, fueron nombrados por un decreto de necesidad y urgencia, que luego tuvo que tener un tratamiento parlamentario en el Senado de la Nación. Rozanski dijo que uno de esos jueces, Carlos Rosenkrantz «antes de ser designado juez de la corte suprema había publicado un trabajo en la universidad que él dirige en el que decía que ponía en duda el derecho internacional, de los derechos humanos donde los menospreciaba diciendo que era un derecho prestado.»

En el mismo sentido, Giselle Tepper, de la Agrupación Hijos dijo a Radio Ahijuna que «los organismos de derechos humanos advertimos que Rosenkrantz no iba a tener la capacidad de tratar estos temas, ya que había dado cuenta del desconocimiento del derecho internacional sobre los derechos humanos.»

«A partir de este fallo va a tener más condena una persona que se robó un auto, que alguien que se robó a una persona por toda su vida, esto es un gran retroceso», expresó Victoria Montenegro, nieta apropiada por los militares durante la dictadura, que recuperó su identidad y militante política y de derechos humanos en declaraciones a FM Tinkunaco.

Montenegro apuntó contra el gobierno nacional porque considera que este fallo es un atropello y una vergüenza a nivel institucional: «El presidente y el secretario de derechos humanos, son una vergüenza para todos nosotros y me pregunto también dónde están y porque no denuncian esto sus aliados políticos, que algunos fueron los que llevaron adelante los juicios a las juntas.»

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