Autovía Punilla: el Gobierno de Córdoba avanza a paso agigantado sobre las comunidades
Marcela Fernández, abogada e integrante de las organizaciones en defensa del ambiente, remarcó las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental de la obra y pidió que se analice “cómo va a impactar la obra en el Valle a 50 años”.
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Habitantes de la localidad cordobesa de Bialet Massé se manifestaron en contra de la construcción de la Autovía de Punilla, que avanza en la instalación del tendido eléctrico con líneas de alta tensión sobre el barrio Suncho Huaico, el primer afectado por una obra que no cuenta con licencia social y fue aprobada por los representantes en el Concejo a espaldas del pueblo.
Los vecinos y vecinas denuncian que la obra generará alto nivel de contaminación sobre el barrio. Ante el desalojo del acampe por parte del megaoperativo de la Policía de Córdoba, el reclamo se trasladó a la Ruta 38.
“El barrio está está invadido de policías. Se nos tiraron encima, hay compañeros que sufrieron golpes y empujones, nos tiraron las motos encima”, comentó Gabriela a Una Radio Muchas Voces. También consideró que “está bastante comprometido el tema porque el intendente ya nos vendió el territorio, se nos ríe en la cara”.
Marcela Fernández, abogada e integrante de las organizaciones en defensa del ambiente, remarcó las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental de la obra y pidió que se analice “cómo va a impactar la obra en el Valle a 50 años”.
“Los intendentes tienen que dejar de ser tan vergonzosos. Dar factibilidad de uso de suelo sin conocer y a espaldas del pueblo”, opinó. Y agregó: “Tenemos que seguir resistiendo para que no nos pasen por arriba y nos dejen sin nada. Ni siquiera desde el punto de vista formal fueron prolijos. Expropiaron en una zona sin individualizar, y allí viene la inconstitucionalidad de la norma. Las asambleas vienen reclamando la instrumentación de los procesos participativos, para ser parte del ordenamiento del territorio”.
El próximo 9 de abril se realizará una audiencia pública virtual y las asambleas y organizaciones exigen que se realice de manera presencial para asegurar la participación de los sectores más excluidos.
