Aborto legal: “Que la interrupción voluntaria del embarazo se constituya en una política sanitaria”
Esta tarde se presentará por 8va vez en el Congreso de la Nación el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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Por 8va vez se presentará en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y luego de ese plazo cuando haya riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante. La presentación se realiza este 28 de mayo en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y habrá pañuelazos y concentraciones, a nivel federal y mundial.
A pesar de sus reiteradas presentaciones, el año pasado fue la primera vez llegó a debatirse en el Congreso. En esa oportunidad, consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados pero fue rechazado en el Senado. Desde la Campaña Nacional pro el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito destacaron que fue uno de los proyectos «más discutidos en la historia de nuestro país» y agregaron que ahora se presenta uno nuevo «con lo aprendido durante el debate parlamentario del año pasado”.
En declaraciones a Informativo FARCO, la diputada nacional del Frente para la Victoria, Mónica Macha, una de las firmantes del proyecto, consideró que la discusión del proyecto va en paralelo con la discusión electoral.
«La posibilidad de que las mujeres tengan mejor vida y mejor salud está ligada a que haya un Ministerio de Salud, a que las mujeres puedan tener un trabajo no precarizado, a que puedan tener los insumos necesarios para cuidar su salud y prevenir embarazos no deseados como pueden ser los métodos anticoncpetivos que hoy significa un presupuesto sanitario que no tenemos» señaló la diputada que en 2018 votó positivamente el proyecto en el recinto.
La legisladora destacó que el proyecto prevé además que el aborto legal sea una política de Estado. «La legalización implica que la interrupción voluntaria del embarazo se constituya en una política sanitaria» afirmó Macha y agregó que el Estado debe a práctica tanto en el sector sanitario de financiamiento estatal como en el privado y de obras sociales. «Si en esa institución hubiere profesionales que presentan la objeción de conciencia, el Estado debe garantizar que haya otro profesional que garantice la práctica, como también que la situación de objeción de conciencia no dilate por demás los tiempos» completó.
