Según denuncias de las comunidades, el operativo fue totalmente desmedido y afectó incluso a mujeres, personas mayores y niños. Uno de los menores sufrió la fractura de una costilla producto de los golpes. Durante la noche, tras una importante movilización de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, las personas detenidas fueron liberadas.

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La Policía de Neuquén desalojó violentamente a integrantes de comunidades mapuches que reclamaban frente a la Casa de Gobierno la entrega de personerías jurídicas. El operativo, ordenado por la fiscalía provincial, dejó 17 personas detenidas, entre ellas menores de edad, y varias heridas.

Todo comenzó el último martes 15, cuando representantes de las comunidades Lof Newen Kura, Lof  Fvta Xayen, Lof Kelv Kura y Lof Ragileo Cárdenas se encadenaron frente a la sede del Ejecutivo provincial. Denunciaban que, desde hace casi diez meses, el gobierno de Rolando Figueroa mantiene frenada la entrega de personerías que había prometido formalizar. Sin embargo, el reclamo es aún más antiguo porque ace más de una década que exigen el reconocimiento legal como pueblos originarios.

El domingo 20, al cumplirse el quinto día de protesta, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con golpes, empujones y detenciones. La acción fue encabezada por el fiscal Pablo Viñaroli. Según denuncias de las propias comunidades, el operativo fue totalmente desmedido y afectó incluso a mujeres, personas mayores y niños. Uno de los menores sufrió la fractura de una costilla producto de los golpes. Durante la noche, tras una importante movilización de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, las personas detenidas fueron liberadas.

Umau Wentu, integrante de la Confederación Mapuche y uno de los detenidos, denunció la brutalidad del desalojo: “Golpearon a mujeres, a niños y niñas, a personas mayores. A varios nos llevaron detenidos. Algunos menores tienen costillas rotas, golpes en la cabeza y en la cara”.

“Fue una represión brutal. Hacemos responsables al ministro Jorge Tobárez y, por sobre todo, al gobernador Rolando Figueroa. El diálogo estaba abierto, incluso habíamos conversado con la vicegobernadora. Pero en medio de esa instancia llegó la orden de desalojo, sin ningún tipo de aviso”, explicó una vez que recuperó su libertad.

Desde las comunidades aseguran que seguirán exigiendo el reconocimiento legal que les corresponde como pueblos originarios y denuncian que la represión es una muestra más de violencia institucional.

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