El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propuso esta semana bajar la Ley de Imputabilidad a 14 años y no tardaron de llegar las reacciones y rechazos de distintos sectores.

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Organizaciones en derechos humanos y profesionales de la Justicia rechazaron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien comentó sus intenciones de modificar la Ley de Imputabilidad vigente en el país para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

Las declaraciones del funcionario nacional no tardaron en generar reacciones de distintos sectores, entre ellos, organizaciones referentes en derechos humanos como también las que se dedican a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina. 

“Las investigaciones de expertos en la materia y la experiencia internacional demuestran que medidas punitivas como la disminución de la edad de imputabilidad no reducen la criminalidad juvenil”, comentó la jueza de Familia, Mariana Regalindo, en diálogo con FM Raco. 

Además señaló que este tipo de propuestas e intentos de soluciones no son algo nuevo. “En el 2019 hubo una propuesta de bajar la edad de 16 a 15 para delitos graves. En definitiva, ni en aquellos tiempos ni en esto son propuestas sensatas”, recordó. Y remarcó: “Es fundamental invertir en educación, programas de reinserción social y servicios de apoyo a las familias y a los adolescentes. Estas alternativas no sólo abordan las causas subyacentes de la conducta delictiva, sino que también promueven un desarrollo saludable y constructivo de los jóvenes en y con su comunidad”.

Mayra Luna, coordinadora del Área de Seguridad de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), señaló que la propuesta del gobierno nacional “choca con la Convención de los Derechos del Niño, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y el marco normativo en materia de derechos humanos”. 

En esa línea indicó que la Argentina “asumió el compromiso del principio de progresividad y no regresividad en derechos humanos”. Es decir que el Estado “se compromete a sancionar leyes que aumenten el campo de protección y que amplíen los derechos y la garantía de los derechos de las personas”. A su vez, la obligación es “a no sancionar leyes que vayan en detrimento de esa protección que ya tienen”.

FM Raco - Raco