Juez falló a favor de vecinos que piden poner límites a las protestas de organizaciones sociales
Juan Manuel Fernández López fue notificar al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, que “se encuentra legalmente autorizado (…) a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público”. Foto: El Resaltador.
Escuchar/Descargar el reporte desde VillaNos Radio de Villa Carlos Paz, Córdoba.
En Córdoba un juez falló a favor de restringir el derecho a la protesta. El Juzgado de Control y Faltas Nº 10 de la capital provincial hizo lugar a la acción de habeas corpus interpuesta por el Centro Vecinal del Barrio Centro.
Vecinxs y comerciantes denunciaron en su presentación que “son víctimas de agrupaciones que se han apropiado del espacio público para realizar todo tipo de reclamos, repudios y manifestaciones grupales”.
El abogado laborista Eugenio Biafore comentó en VillaNos Radio que el resultado del amparo judicial al que se le dio lugar es “una serie de recomendaciones a los poderes públicos para que avance en reglamentaciones”. Por ejemplo – continuó- “le dice a la Legislatura que puede legislar en materia de; al Ministerio Público Fiscal que puede investigar preventivamente en relación a esto en el marco legal”.
La respuesta del juez Juan Manuel Fernández López fue notificar al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, que “se encuentra legalmente autorizado (…) a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público”.
“Acá lo central es lo que se insinúa más que lo que se dice porque si uno desgrana cuál es el resultado, por supuesto que es una invitación a la criminalización de la protesta”, resaltó Biafore. A su vez planteó que no es casual que aparezcan este tipo de disposiciones cuando son sectores empobrecidos los que salen a reclamar por un conjunto de derechos.
Sin embargo, cuando las protestas provienen de otros sectores parecen estar justificadas, como sucedió durante el bloqueo de las patronales agropecuarias en 2008 o las marchas anticuarentena del 2020.
Por último, afirmó que la resolución judicial “va a abrir un debate, pero pone en juego a los propios poderes” y dijo que se trata “de un camino a la criminalización de la protesta”.
