Esta semana se conoce el veredicto por un amparo ambiental contra proyecto inmobiliario de 125 hectáreas
Más allá de la sentencia, el Municipio tiene la última palabra. Por eso las organizaciones ambientales y vecinales exigen al intendente Guillermo Valli y al Concejo Deliberante que retiren la prefactibilidad otorgada a este proyecto.
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En un contexto marcado por incendios intencionales devastadores en las sierras cordobesas de la última semana, más la sequía y la crisis hídrica, el próximo jueves se conocerá la sentencia del Amparo Ambiental Colectivo impulsado desde 2019 contra el proyecto inmobiliario El Montecito, en unas 125 hectáreas de bosque nativo en el suroeste de Unquillo.
Más allá de la sentencia, el Municipio tiene la última palabra. Por eso las organizaciones ambientales y vecinales exigen al intendente Guillermo Valli y al Concejo Deliberante que retiren la prefactibilidad otorgada a este proyecto.
El emprendimiento inmobiliario pretende construir un barrio cerrado de casi 700 lotes de muy pequeñas dimensiones (250m2) en un sector que fue reconocido como zona roja de bosque nativo de acuerdo a la Ley 9814. Esto consta en documentos en el expediente, pero luego fue negado como tal por las autoridades tanto municipales como provinciales para otorgar prefactibilidad y Licencia Ambiental, respectivamente.
Cecilia Michelazzo, de la Asamblea por el Monte de Unquillo, aseguró que en 2018 durante cuatro días se realizó la audiencia pública con participación de organizaciones y especialistas en distintas áreas a fundamentar que el proyecto no debía aprobarse. Sin embargo, “se le otorgó licencia ambiental a este proyecto en zona roja como a muchos otros como ya fue demostrado por ejemplo judicialmente con el caso del proyecto de Ticuipil en Candonga”, comentó en diálogo con Radio Curva.
Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial de la provincia, aseguró que hay que esperar el fallo judicial para saber “si hubo delito alguna comisión de delito en cuanto a la violación de la normativa”. Eso, comentó , sucedió en el caso de Ticupil diez años atrás posterior a la sanción de la ley 9814 cuando “la justicia determinó que fue una aprobación totalmente inválida porque estaba ocupando parte de lo que es categoría de alta conservación de bosques”.
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