Docentes reclaman la emergencia educativa en contextos de encierro
En Zapala, trabajadoras y trabajadores mantienen una retención de tareas, mientras que en Chos Malal llevan adelante cambios de actividades como forma de protesta con el fin de visibilizar las condiciones en las que se enseña y aprende dentro de las unidades penitenciarias.
Escuchar/Descargar el reporte desde FM Che de Junín de los Andes, Neuquén.
Docentes que se desempeñan en contextos de privación de la libertad en la provincia de Neuquén están reclamando que se declare la emergencia educativa en contextos de encierro. El conflicto lleva más de un mes y afecta a distintos anexos del CPEM 101, escuela secundaria que funciona dentro del sistema penitenciario neuquino.
En Zapala, trabajadoras y trabajadores mantienen una retención de tareas, mientras que en Chos Malal llevan adelante cambios de actividades como forma de protesta con el fin de visibilizar las condiciones en las que se enseña y aprende dentro de las unidades penitenciarias.
“Nuestro trabajo muchas veces es invisibilizado. No solo enfrentamos precarización material, sino también simbólica. Enseñar en contexto de encierro no es improvisar: es sostener derechos en condiciones adversas”, expresó Laura, docente del CPEM 101 en Junín de los Andes, en diálogo con FM Che.
El pasado miércoles, docentes del Anexo 7 del CPEM 101 realizaron un encuentro en el Instituto de Formación Docente Nº 2, junto a estudiantes de los profesorados de Física, Inglés, Matemática y Lengua. Allí expusieron las particularidades del trabajo educativo en contextos de encierro, los mitos y tabúes que lo rodean, y las múltiples problemáticas que enfrentan a diario.
Además, en la Unidad 51, docentes y estudiantes realizaron dos jornadas de cambios de actividades donde se abordaron las razones que motivaron la retención de tareas. La actividad concluyó con la realización de carteles elaborados colectivamente para expresar los reclamos y visibilizar la lucha.
Entre los puntos principales, les docentes exigen:
▪️ La mejora inmediata de las condiciones edilicias en los espacios educativos dentro de las unidades.
▪️ La suspensión de clases en sectores que representen un riesgo para la integridad física.
▪️ El cese de prácticas intimidatorias, como citaciones informales por parte de fuerzas de seguridad.
▪️ La garantía de espacios adecuados para la continuidad de las actividades pedagógicas.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales, el colectivo docente decidió avanzar con una presentación judicial. Esta semana se confirmó que el Juzgado de Ejecución Penal de la Tercera Circunscripción Judicial dio curso a un hábeas corpus correctivo y colectivo, presentado con el objetivo de resguardar los derechos vulnerados tanto de las personas privadas de libertad como del personal docente que trabaja en esos espacios.
