Loretti destacó durante el programa especial de FARCO a 15 años de la sanción de la ley el proceso de construcción de la norma, que tuvo foros y audiencias en todo el país, tanto en espacios públicos como en el Congreso. Foto: ANNCom.

El abogado Damián Loreti y uno de los redactores de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aseguró que es necesario “repensar muchas cosas” y “no quedarse con lo que pasó en 2009” porque “hay que hacerse cargo de que hubo cambios regulatorios en todos lados”. 

A 15 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reafirmó que “hay que inventar cosas nuevas” aunque resaltó su importancia como un enorme paso hacia adelante, histórico e imprescindible. 

Loretti destacó durante el programa especial de FARCO a 15 años de la sanción de la ley el proceso de construcción de la norma, que tuvo foros y audiencias en todo el país, tanto en espacios públicos como en el Congreso. 

“Desde el ’85 se venía discutiendo ese cambio de la Ley de Radiodifusión, pasando por millares de acciones judiciales, impugnaciones a la ley de la dictadura, la Ley de Reforma del Estado que posibilitó una modificación parcial. Pero a partir de 2004 se empezó a trabajar la Declaración de los 21 puntos, hasta que la presidenta dijo que la estructura de la ley de la democracia iban a ser esos 21 puntos; a partir de ahí las audiencias públicas, la modificación del texto y la sanción de la ley”, agregó el doctor en Ciencias de la Información, protagonista clave para la aprobación. 

“En término de historización lo más importante de todo es la construcción de abajo hacia arriba de un modelo regulatorio que la UNESCO consideró un ejemplo”, insistió.

Loretti consideró que con la LSCA el gran cambio de paradigma se da en tres aspectos. “Uno de ellos la legitimación de todas las personas como empoderadas para reclamar el cumplimiento de principios y estándares interamericanos de protección a la libertad de expresión; otro es la consideración del pluralismo y la diversidad como valores insustituibles en el proceso democrático; y el tercero, la clarísima participación de espacios civiles no gubernamentales en las autoridades de aplicación”. 

-¿Por qué no se pudo aplicar plenamente la adecuación o la desinversión?

-El texto no era ambicioso, no se llegó a hacer eso porque durante mucho tiempo estuvo suspendida. Aplicarle las reglas de adecuación a todos menos al más grande significaba un ensanchamiento de la brecha del poderío comunicacional, así que empeoraba la situación. Eso es entendible, pero no tuvo explicación política consistente. Al dejar de tener vigencia las medidas cautelares, hubo contingencias electorales, más o menos pericia y una nueva suspensión del proceso. Hubo otras cosas: tardó mucho el proceso de normalización de emisoras. El sentido de la adecuación no sólo era achicar a los grupos por sobre los estándares de concentración, sino permitir que quienes estaban fuera de la ley tuvieran un lapso para acomodar sus papeles. Faltó velocidad para concursos de TV digital abierta y en la implementación de otras cuestiones”.

-¿Hoy cuáles serían las principales preocupaciones respecto de lo que habría que regular?

-Hoy tendríamos que repensar muchas cosas, no sirve quedando pensando lo que pasó desde 2009 en adelante si no nos hacemos cargos de que hubo cambios regulatorios en todos lados. Uno de los temas es qué se hace con las plataformas, si son o no servicios audiovisuales; cómo empoderar a usuarios; y el concepto de control y concentración basado en áreas de coberturas en muchos casos se rompe. El criterio del alcance del medio cambió. Hay que inventar cosas nuevas.

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