El DNU modifica el marco regulatorio del servicio de agua potable y habilita a la empresa estatal AySA a cortar el suministro a quienes tengan una factura impaga por más de 60 días. Las organizaciones aseguran que el acceso al agua potable es un derecho humano que el Estado debe garantizar, más allá de la situación económica de las familias.

Representantes de organizaciones de defensa de consumidores expusieron en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para exigir el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei, que modifica el marco regulatorio del servicio de agua potable y habilita a la empresa estatal AySA a cortar el suministro a quienes tengan una factura impaga por más de 60 días.

“Este decreto está vigente hoy y permite cortar el suministro de agua a un usuario residencial por la mora de una sola factura. También elimina la obligación de garantizar un caudal mínimo de agua y de realizar obras de expansión”, alertó Pedro Bussetti, de la asociación DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores). “Las asociaciones estamos muy preocupadas. Esto vulnera derechos básicos y debería ser debatido en el Congreso”, reclamó.

Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), fue aún más categórico: “Cortar el agua viola derechos humanos, lo dice el artículo 75 inciso 22 de la Constitución y la propia Corte Suprema. También afecta a los sistemas sanitarios y pone en riesgo la salud pública. A cualquier funcionario o empresa que ejecute estos cortes, los vamos a denunciar penalmente. No vamos a permitir que la gente viva arriba de la mierda”.

Las organizaciones recordaron que forman parte de la sindicatura de usuarios creada por la Ley 26.221 y reiteraron que el acceso al agua potable es un derecho humano que el Estado debe garantizar, más allá de la situación económica de las familias.

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