Comunidades del Malón de la Paz esperan que se conforme la comisión investigadora acordada con el presidente
La misma estará integrada por organismos gubernamentales internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional. También contará con la presencia del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que depende de la Iglesia Católica.
Las comunidades indígenas que integran el Tercer Malón de la Paz esperan para esta semana la creación de una comisión investigadora acordada con el presidente Alberto Fernández en la reunión del viernes.
El objetivo de la comisión es evaluar el reclamo de los pueblo originarios de Jujuy que reclaman la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución provincial y denuncian violaciones a los derechos humanos, además de la criminalización de la protesta social.
La misma estará integrada por organismos gubernamentales internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional. También contará con la presencia del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que depende de la Iglesia Católica.
“Ha surgido como compromiso del presidente de la Nación como parte del inicio de una Mesa de Diálogo Intercultural conformar una comisión de investigación y de resguardo de todos los hermanos de la provincia”, explicó el cacique del pueblo Ocloya, Néstor Jerez, una vez finalizado el encuentro.
El Tercer Malón de la Paz se mantiene en la Ciudad de Buenos Aires hace 20 días en repudio a la nueva constitución que impulsó el gobernador Gerardo Morales. Las comunidades se mantienen en vigilia a la espera que la Corte Suprema de la Nación se expida sobre la inconstitucionalidad del nuevo texto y le reclaman al Congreso de la Nación que sancione una ley de propiedad comunitaria indígena y la intervención federal a la provincia.
