Comunicadora que investiga caso de abuso de una niña sufrió allanamiento y secuestro de sus herramientas
La orden contra la periodista Manuela Calvo se dio en el marco de la carátula “desobediencia a la autoridad” por el caso de la niña Arcoiris.
Escuchar/Descargar el reporte de Ana Martínez desde El Tala de la ciudad de La Rioja.
La Policía de La Rioja allanó la vivienda de una comunicadora y realizadora audiovisual bajo la orden de la jueza María Eugenia Torres con el objetivo de secuestrar “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”.
Arcoíris, es el nombre de fantasía que se utiliza para preservar la identidad de una menor de 6 años que denunció sistemáticamente abuso sexual por parte de su abuelo paterno. Sin embargo, la justicia busca revincularla a su progenitor, quien permite el contacto con el denunciado.
La orden contra la periodista Manuela Calvo se dio en el marco de la carátula “desobediencia a la autoridad”.
“Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados”, señaló en un comunicado la Red de Comuncadoras de La Rioja,
La Red además exigió “la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas”.
En comunicación con El Tala, Calvo se mostró asombrada e indignada ante la medida judicial. También explicó que había investigado la causa y realizado un cortometraje documental con entrevistas a las madre y abuela de Arcoiris y un corto animado sobre revinculaciones forzosas en la infancia de niñxs sobrevivientes de abuso sexual con sus abusadores.
“En febrero de este año, la familia me acusa de estar exponiendo a la niña. La Justicia la toma con auto-satisfactiva y me obligan a no hablar de la causa y a bajar cualquier contenido que esté relacionado directa o indirectamente con eso”, manifestó la comunicadora.
“Yo fui respetuosa con la orden judicial. Eliminé mi trabajo. No volví a hablar del caso, ni a mencionar publicaciones de terceros. No hablé de mi censura. Ni Siquiera mis colegas sabían completamente lo que yo estaba pasando respecto a mi censura en términos de vulneración de derechos a la sociedad de acceso al derecho de la información”, agregó.
