Comisión por la Memoria presentó informe sobre la represión en el Congreso
La organización monitoreó el despliegue y uso de la violencia por parte de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el miércoles 31 de enero, jueves 1 y viernes 2 de febrero. En ese trabajo, la CPM relevó que las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a 23 personas y al menos 285 personas sufrieron lesiones por los palazos, disparos de balas de goma y como consecuencia del uso de gases lacrimógenos y químicos. Foto: Diego Martínez.
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La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) presentó un informe sobre la represión a cargo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso durante los tres días que se debatió el proyecto de ley.
La organización monitoreó el despliegue y uso de la violencia por parte de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el miércoles 31 de enero, jueves 1 y viernes 2 de febrero. En ese trabajo, la CPM relevó que las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a 23 personas y al menos 285 personas sufrieron lesiones por los palazos, disparos de balas de goma y como consecuencia del uso de gases lacrimógenos y químicos.
Roberto Cipriano, integrante de la Comisión que fue reprimido mientras cumplía su labor de monitorear el despliegue de las fuerzas, aseguró en diálogo con Radio Futura que es “muy grave lo que está pasando” y se esperanzó que el Congreso “alerte sobre esta situación porque van a haber dos o tres sesiones más para tratar en particular esta ley”.
“Van a haber nuevas manifestaciones. Por eso también presentamos un habeas corpus colectivo a la justicia nacional solicitando que se adopten medidas para evitar que estos hechos vuelvan a reiterarse”, agregó.
Además, el organismo emitió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para ver si, efectivamente, se puede poner límite a tanta violencia estatal”.
Desde la CPM también piden a los y las diputadas que no aprueben los artículos de la Ley Ómnibus que modifica el Código Penal porque cambian las penas para las figuras de atentado y resistencia a la autoridad y legítima defensa. El argumento es que esas modificaciones atentan contra el derecho a la protesta y facilita el accionar de las fuerzas de seguridad sobre las personas que decidan manifestarse por el avasallamiento y avance en contra de sus derechos.
