Audiencia ante la CIDH: el gobierno justificó la represión que aplica contra las protestas sociales
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una audiencia virtual en la que escuchó a las organizaciones sociales argentinas que realizaron la denuncia y a funcionarios del Estado argentino que debieron dar explicaciones.
El gobierno nacional argentino tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la represión a la protesta social que aplica desde que asumió en diciembre de 2023.
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una audiencia virtual en la que escuchó a las organizaciones sociales argentinas que realizaron la denuncia y a funcionarios del Estado argentino que debieron dar explicaciones.
El abogado Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, aseguró que “en estos meses de movilizaciones se observan patrones muy preocupantes de represión a la protesta y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas represivas del Estado, especialmente con armas comúnmente llamadas menos letales”.
También detalló que las organizaciones que monitorean las protestas registraron 665 personas con heridas de distinta gravedad durante las protestas. “Las cifras oficiales de heridos no existen porque el gobierno o no las produce o no las publica. No solo hemos registrado el uso indiscriminado de agentes químicos, como gases lacrimógenos y gas pimienta, en muchos casos dirigidos directamente al rostro de las manifestantes”, criticó.
Aufieri detalló que la represión incluyó a todos los grupos sociales y etarios, entre adultos mayores y diputados opositores. En algunos casos causaron “daños irreparables a la salud” como “las lesiones que sufrí en mi propio caso perdiendo la visión de un ojo por el disparo de balas de goma policiales mientras relevaba el operativo represivo durante el tratamiento de la Ley Bases en febrero frente al Congreso”.
El representante del gobierno de Javier Milei en la audiencia convocada por la CIDH defendió el protocolo antiprotesta y señaló que “intenta remediar una serie de falencias que ha tenido el sistema institucional argentino y que se han agravado en las últimas dos décadas, que tienen que ver con alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos mediante el uso de la violencia”.
Alberto Faurie, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, calificó como intentos de alterar la democracia a las manifestaciones populares de 1989, 2001, 2017 y a las últimas realizadas esta año contra la Ley Bases. “En los dos primeros casos dos presidentes constitucionales debieron terminar antes su mandato y en los últimos dos casos lo que se buscó mediante la violencia fue alterar el funcionamiento del Congreso que se encontraba bajo sesión”. Para el funcionario en ambos casos el modus operandi fue exactamente igual, “violencia inusitada en las calles tratando de generar caos”.
En respuesta a los dichos de Faurie, el integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos José Luis Caballero Ochoa manifestó que el organismo internacional “tiene información de que en Argentina está ocurriendo un deterioro grave en relación con la libertad de expresión y con el uso de la fuerza a partir de repliegues desmesurados”.
En esa línea, aclaró los Estados deben garantizar el derecho a la protesta porque la protesta sirve para defender la democracia: “Además la protesta está estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia. No a su disminución. Es un falso dilema. La Corte Interamericana ha dicho que no es solo un ejercicio de un derecho la protesta, si no es defensa de la democracia”.
En la audiencia realizada ayer quedó abierta la posibilidad de que la CIDH visite la Argentina ante las denuncias contra el gobierno por violar el derecho a la protesta social y la libertad de expresión.
